Eduardo Murillo y César Arellano

Abogados litigantes, académicos y magistrados coincidieron en señalar que la propuesta de reforma judicial presentada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, es netamente técnica, y se cuidó de no abordar algunos temas controvertidos, por lo que es preciso que el Congreso de la Unión adopte las normas del parlamento abierto para enriquecer este proyecto.

El magistrado Carlos Alfredo Soto Morales consideró adecuado que en la elaboración de la propuesta hayan participado sólo Zaldívar y su círculo cercano, ya que, dijo, lo contrario habría podido ocasionar problemas jurídicos.

Bien que no hayan intervenido todos los ministros de la SCJN, porque si el pleno hubiera aprobado ese proyecto, ante las impugnaciones que vinieran en contra de esa propuesta, los ministros se tendrían que declarar impedidos.

Señaló, sin embargo, que se omitió incluir medidas como eliminar la votación calificada como requisito para declarar inconstitucional una ley ya en vigor. Añadió que este tipo de decisiones debería tomarse por mayoría simple.

En este punto coincidió el profesor de carrera Alfonso Herrera García, de la Universidad Panamericana, quien apuntó: “por ejemplo, ahora tenemos en puerta un caso que nos puede generar esa incertidumbre como es la llamada ley Bonilla: se pudo haber aprovechado esto para decir que se alcance la votación por mayoría simple, como ocurre en muchas partes del mundo con otros tribunales, pero no se toca para nada ese tema.”

Añadió que otro punto que se omitió fue el de la elección de ministros de la SCJN, donde varias voces han sugerido buscar métodos más abiertos y democráticos.

Por su parte, el abogado penalista Julio Jiménez manifestó: Estas reformas sin lugar a dudas obedecen más a un principio de respeto a la autonomía e independencia del Poder Judicial.

Agregó que hay un punto importante en la iniciativa, que es la carrera judicial, obviamente para formar, no nombrar por cuotas ni cuates en el Poder Judicial. No se deben permitir más actos de nepotismo, pagos de facturas o compromisos con poderes externos.