Roberto Garduño y Enrique Méndez

La Comisión Permanente del Congreso solicitó al gobierno federal un informe del proceso de planeación y ejecución de la consulta a los pueblos indígenas sobre el Tren Maya, que incluya la información entregada a las comunidades sobre el proyecto y les haya permitido emitir un voto razonado.

El diputado Marco Andrade (Morena) sostuvo que la consulta fue realizada de manera libre, previa e informada, de buena fe, y sugirió constituir un grupo que haga un recorrido por las comunidades incluidas en la ruta de la obra.

Este proyecto ayudará a las comunidades a tener un mejor turismo y una mayor derrama económica. Los pueblos lo están solicitando, argumentó.

Desde la tribuna, el diputado Enrique Ochoa Reza expresó que los priístas están en favor de que el país cuente con más infraestructura, pero también que se cumpla la Constitución, las leyes y los precedentes jurisdiccionales en la materia, sobre todo en un tema tan sensible como lo son los pueblos indígenas.

Al referirse al exhorto para que la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo –encargado de la obra– en treguen la información respectiva, Ochoa Reza refirió que México está obligado a cumplir los convenios internacionales en materia de consulta a los pueblos y comunidades indígenas.

No tenemos información para poder afirmar que se cumplió o no. De ahí la necesidad de que este punto de acuerdo incluya a más autoridades, añadió.

En otro tema, durante la sesión el PAN insistió en que la Guardia Nacional reprimió a migrantes centroamericanos y mostró imágenes de militares que les golpean y arrojan gas lacrimógeno.

La senadora Margarita Valdez (Morena) acotó: “Protegemos a los migrantes. Queremos que se queden… en su tierra para que oigan el cantar de sus pájaros, no que anden por aquí pululando como entes sin derechos”.

La presidenta de la cámara, Laura Rojas (PAN) demandó respeto a los derechos humanos de los migrantes y que la Guardia Nacional actué con legalidad.

Mientras, Porfirio Muñoz Ledo planteó la renuncia del titular de Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, y señaló el ataque y los actos de violencia, y que los amparos de los indocumentados fueron rotos por los guardias y tirados al suelo.