Roberto Garduño y Enrique Méndez

Rosario Piedra Ibarra planteó una reforma a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que responda a la emergencia nacional en la materia y cuestionó que el modelo, la burocracia y el dispendio en la institución resultaron en uno de los más costosos y afrentosos fracasos para la ciudadanía.

En la presentación del informe anual de la CNDH en la Comisión Permanente del Congreso, y ante las críticas de la oposición e incluso de la postura de Morena que exige autonomía ante el poder, Rosario Piedra expresó: Soy independiente de cualquier gobierno, pero sobre todo de algo que se oculta aquí, los poderes fácticos.

Afirmó que la CNDH se concibió como escaparate para el consumo del extranjero, una pantalla; uno de esos organismos públicos sólo en apariencia autónomos, pero diseñados con fines cosméticos para administrar los problemas, esconder los abusos de poder y poner en la congeladora conflictos que no eran del interés de los gobernantes y les resultaban incómodos.

Sostuvo que los resultados de los dos primeros meses al frente de la comisión están a la vista y es mucho; sin embargo, senadores y diputados de PAN y PRI la cuestionaron por la ausencia ante los operativos de la Guardia Nacional (GN) contra migrantes y las posibles violaciones a los derechos humanos que encarna la propuesta del gobierno federal de una reforma de justicia.

Enrique Ochoa Reza (PRI) planteó que los derechos humanos no son trofeo ni bandera de un gobierno en particular y consideró que, más allá de ideologías, se debe salvaguardar la autonomía de la CNDH.

Resaltó que hay decisiones de gobierno y reformas, como la de la Ley de Extinción de Dominio, que pueden afectar el patrimonio de ciudadanos inocentes, o bien la prisión preventiva oficiosa. Sostuvo que cualquier reforma de justicia requiere de amplio consenso y alertó que los avances en materia de derechos humanos no son compatibles con el restablecimiento de un sistema penal inquisitivo, donde se permitan pruebas con vicios de origen o donde el arraigo aplique para cualquier delito.

Porfirio Muñoz Ledo (Morena) intentó intervenir sin estar en la lista y su propia bancada votó en contra de su participación. Pretendía mostrar un video con la golpiza monumental de la GN a migrantes e incluso alegó que había solicitado permiso a Rosario Piedra. La presidenta no manda aquí, lo atajó la senadora Mónica Fernández.

Piedra pidió a los legisladores que le tengan confianza y vigilen su actuación, pero acotó que ha acompañado las acciones de la GN, estará pendiente de su actuación y sostuvo que en sus declaraciones está implícita su postura de defensa de la vida de las personas.

Anotó que la CNDH ha solicitado medidas cautelares a distintas instituciones federales, la UNAM, fiscalías estatales y oficinas de gobierno locales, y aceptó que los hechos violatorios han sido muchos: omitir suministrar medicamentos, que aquí se ha cuestionado; faltar a la legalidad, honradez en el desempeño de las funciones; omitir proporcionar atención médica.

Reclamó a quienes la cuestionaron: ¿qué hicieron cuando miles reclamábamos justicia en casos de desaparición forzada, que lamentablemente seguimos padeciendo, pero luchamos por erradicar?

Se refirió a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y aclaró que aún no se puede precisar el nivel de cumplimiento de la recomendación, porque la oficina especial del caso lo clasificó de manera distinta al reglamento de la CNDH, lo que de entrada llama la atención.