Néstor Jiménez

Debido al hostigamiento que prevalece en la embajada mexicana en Bolivia por parte del gobierno de facto en ese país, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) presentó un instrumento jurídico ante la Corte Internacional de Justicia, principal órgano judicial de la Organización de Naciones Unidas (ONU), por la violación a obligaciones diplomáticas.

El recurso se presenta después de que esta semana aumentó de seis a 90 el número de elementos policiacos y militares del país sudamericano alrededor de la sede diplomática, luego de que México recibió a nueve integrantes del gobierno de Evo Morales que solicitaron asilo.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que las autoridades bolivianas recapaciten y se respete el derecho de asilo, así como el que se aleje cualquier tentación de tomar o vulnerar nuestra soberanía al querer penetrar en nuestra embajada; eso no lo hizo ni (Augusto) Pinochet. Yo espero que prevalezca la sensatez; que prevalezca, por encima de todo, la política.

Sin respuesta

Desde el lunes pasado, la cancillería mexicana mostró su preocupación ante el asedio policial en el que incluso se han usado drones para tomar fotografías del interior de la embajada. Tras ello, no hemos recibido respuesta acorde a los principios internaciones de respeto, agregó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, quien dejó en claro que el gobierno mexicano no entregará a los asilados.

Explicó que el pasado 15 de noviembre las nueve personas presentaron la solicitud de asilo, la cual se concedió ese mismo día y se solicitó que se les confirieran salvoconductos para abandonar el país.

No fue sino hasta el 26 de ese mes, 11 días después, que “se nos comunica por el gobierno de facto de Bolivia que hay órdenes de aprehensión en contra de cuatro de los asilados”. De acuerdo con el derecho internacional, lo que prevalece en estos casos es el asilo, ya que al anunciarse la orden de aprehensión ya se encontraban en la embajada mexicana, apuntó.

Aunque la orden de aprehensión es contra cuatro de las nueve personas, a los cinco restantes tampoco se les ha otorgado el salvoconducto que les permitiría dejar Bolivia.

De ninguna manera permitiríamos que ingresen al recinto de la representación de México en Bolivia; eso jamás lo podríamos aceptar, ni nosotros ni ningún país, pero nosotros menos. Tampoco vamos a pedir a los nueve que se salgan de la embajada. Imagínese usted, sería inaceptable eso para México, indicó Ebrard Casaubon.

El recurso ante la instancia internacional busca “evitar que se vayan a tomar decisiones en los próximos días contrarias al derecho internacional y a la soberanía de nuestro país… Nosotros no tenemos ningún interés más que se respete y se haga valer el derecho internacional”.

En Bolivia viven alrededor de 10 mil connacionales, por lo cual, precisó, no se analiza retirar la representación, a la vez que descartó una expulsión de los representantes diplomáticos bolivianos en México. No obstante, apuntó que ya hay un plan de emergencia para atender a la población que se encuentra en ese país, pero prefirió mantenerlo en reserva.

Hasta ayer había pronunciamientos de 29 países latinoamericanos y de la Unión Europea, que refirieron su preocupación por el caso o su solidaridad con México.

La Paz acusa al gobierno de López Obrador de distorsionar la verdad

Ana Langner

Ante las acusaciones que el gobierno de facto de Bolivia hizo contra México por distorsionar la verdad respecto de la fuerte presencia policial en las inmediaciones de la embajada mexicana y asegurar que fue la propia oficina diplomática la que en noviembre solicitó esa protección, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aclaró que una cosa es garantizar la seguridad y otra es hostigar.