Jessica Xantomila

Las organizaciones Idheas, Artículo 19 y la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia (RedMPC) exigieron a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle) atraer el caso del reportero de La Jornada Emir Olivares e investigar las amenazas que ha recibido a consecuencia de un trabajo periodístico sobre narcomenudeo en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

De igual manera, en conjunto con la Asociación Mexicana de Periodistas Desplazados y Agredidos y Reporteros Sin Fronteras demandaron al Mecanismo de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos revisar el plan de protección del informador, reforzar las medidas de seguridad así como que se identifique y castigue a los agresores.

El pasado 6 de diciembre, el domicilio de Emir Olivares fue allanado. Minutos después de ese hecho, recibió llamadas a su teléfono celular para advertirle que alguien había pagado un millón de pesos por asesinarlo y que a cambio de no hacerlo tendría que darles el doble; agregó que el ataque se debía a que se había metido con gente de la UNAM en uno de sus trabajos, realizado en 2017.

Idheas, organización que representa a Olivares ante el Mecanismo y la Feadle, y Artículo 19 advirtieron que no habrá protección integral para el reportero mientras la fiscalía no lleve a cabo una investigación exhaustiva, objetiva e imparcial y garantice el acceso a la justicia.

La Asociación Mexicana de Periodistas Desplazados y Agredidos destacó que este caso exhibió la vulnerabilidad de las medidas de seguridad que ofrece el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas cuya respuesta protocolaria ante el allanamiento a su domicilio la interpretamos como una infamia que puso su vida en riesgo de muerte.

Resaltó que esta herramienta ha dejado una herencia de ocho personas asesinadas que estaban bajo protección hasta este año, por lo que consideramos, sería digna la renuncia de los encargados. La RedMPC expuso que las violencias contra periodistas aumentan, “por lo que consideramos que el gobierno se ha visto rebasado en su función de dar garantías y seguridad para ciudadanos dedicados a esta labor.