Fernando Camacho Servín

A más de dos meses de ocurrida la presunta ejecución extrajudicial de ocho personas en la ciudad de Nuevo Laredo, al parecer a manos de la Policía Estatal de Tamaulipas, la fiscalía especial creada por el gobierno de dicha entidad para investigar el caso no ha dado frutos ni ha protegido a los testigos de los hechos, porque ha actuado como defensor de oficio de los agentes acusados.

Así lo afirmó Raymundo Ramos, director del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), quien señaló que los familiares de las víctimas siguen sin protección, expuestos a sufrir alguna represalia por denunciar lo ocurrido, en medio de un campaña de desprestigio a través de redes sociales.

Como se informó en este diario (10 de septiembre de 2019), el CDHNL denunció que el supuesto enfrentamiento ocurrido el 5 de septiembre entre policías estatales y presuntos delincuentes en la colonia Valles de Anáhuac, de la ciudad de Nuevo Laredo, en realidad había sido una ejecución extrajudicial en la que se alteró la escena del crimen y se hizo un montaje para simular que había habido un intercambio de disparos.

Aunque a finales de septiembre pasado el gobierno de Tamaulipas creó una fiscalía especial para indagar lo ocurrido, encabezada por Irving Barrios Mojica, dicho mecanismo ha realizado un juicio a distancia, sin la presencia de los familiares, en donde el fiscal está actuando como defensor de oficio de dos policías que hoy permanecen detenidos y bajo investigación, lamentó Ramos.

Al mismo tiempo que Barrios ha cancelado reuniones con las víctimas y sus abogados, continúan los actos de hostigamiento en contra de los familiares de las personas supuestamente ejecutadas, a través de campañas de intimidación en redes sociales y de instalación de retenes afuera de sus domicilios.