Néstor Jiménez y Fabiola Martínez

Después de sostener casi 10 reuniones con las autoridades federales durante el sexenio actual, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) sostuvo que, si bien aún no es suficiente, hay avances en los diálogos con el gobierno, y al hacer un balance sobre los acuerdos pactados con la administración federal, indicó: vamos avanzando poco a poco.

Entrevistado fuera de Palacio Nacional tras salir de una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador –a la que también acudieron los secretarios de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y de Educación Pública, Esteban Moctezuma–, Enrique Enríquez, dirigente de la sección 9 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, adscrito a la CNTE, comparó las mesas de negociación con la relación que tenían con el gobierno de Enrique Peña Nieto.

(En el sexenio pasado) teníamos una reforma que era punitiva para el maestro; hemos logrado que se le quite lo punitivo. No hemos acabado, vamos caminando, no es suficiente, seguimos fuera del 123 (constitucional), necesitamos regresar totalmente al 123 apartado B, indicó.

A unos días de cumplirse el primero año de la administración de López Obrador, agregó que “las mesas de trabajo no están suspendidas, vamos trabajando poco a poco y sí hay avances… el balance (del primer año de gobierno) con respecto de la CNTE es que vamos avanzando poco a poco”.

Reconoció que el presupuesto para el ramo educativo es insuficiente, pero indicó que este tema se irá construyendo, ya que no se logra de facto. No obstante, puntualizó que más que el tema presupuestal, su prioridad es participar en la elaboración de los planes y programas de las normales y del sector educativo.

En la reunión con las autoridades federales, los integrantes de la CNTE presentaron 66 nuevos casos de profesores que demandan su reinstalación, que se suman a los más de 300 ya resueltos. A la vez, pidieron la elaboración de estudios sobre el impacto de la aplicación de la unidad de medida y actualización como base para el pago de pensiones y jubilaciones, ya que representa una regresión al poder adquisitivo de los compañeros jubilados y de quienes próximamente lo haremos.