Ana Langner

Treinta están en la embajada de México en La Paz, aclara Mercado

La embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado, informó que más de 35 funcionarios del gobierno del ex presidente Evo Morales han solicitado asilo, de los cuales unos 30 están en la sede diplomática.

En declaraciones a medios de comunicación, detalló que las peticiones de asilo han sido presentadas en diversos formatos, unas de manera escrita, otras vía telefónica y hay quienes ya están en la representación de México en el país sudamericano. Cada solicitud se analiza de forma particular.

Mercado destacó que el asilo es una institución humanitaria empleada en causas de persecución política, cuando se pone en peligro la vida de las personas que lo solicitan. Reiteró que por cuestiones de seguridad, los nombres no serán revelados.

Precisó que estas personas tendrán que viajar a México en algún momento; sin embargo, antes hay varios pasos a seguir, como conseguir un salvoconducto con el fin de garantizar que salgan con bien de su país.

Acerca de que la senadora Jeanine Áñez se autoproclamó presidenta, aclaró que la administración federal no reconoce gobiernos. “Estamos en una compleja transición política en la que México quiere que se respete la voluntad del pueblo boliviano (…) Se rompió el orden institucional (en Bolivia) y esperamos que los procedimientos se sigan”.

La cancillería mexicana aclaró que lo anterior se apega a la Doctrina Estrada, la cual establece que “México no se pronuncia en el sentido de otorgar reconocimientos porque considera que ésta es una práctica denigrante, ya que a más de herir la soberanía de las otras naciones, coloca a éstas en el caso de que sus asuntos interiores pueden ser calificados en cualquier sentido por otros gobiernos, quienes, de hecho, asumen una actitud de crítica al decidir favorable o desfavorablemente sobre la capacidad legal de regímenes extranjeros. El gobierno mexicano sólo se limita a mantener o retirar, cuando lo crea procedente, a sus agentes diplomáticos, sin calificar precipitadamente, ni a posteriori, el derecho de las naciones para aceptar, mantener o sustituir a sus gobiernos o autoridades”.