Emir Olivares Alonso

Los vínculos entre la policía municipal de Monclova, Coahuila, y el crimen organizado derivaron en la desaparición forzada de tres personas en noviembre de 2009. Los uniformados entregaron a tres jóvenes (dos hombres y una mujer) a integrantes de Los Zetas. Los hechos no han sido debidamente investigados y se han cometido una serie de irregularidades en las indagatorias por parte de las autoridades de justicia de la entidad.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó una serie de violaciones graves a las garantías de las víctimas y sus familiares en este caso.

A unos días de que se cumplan 10 años de estos hechos, el organismo nacional dirigió la recomendación 25VG/2019, por graves violaciones, al presidente municipal de Monclova, Alfredo Paredes López, y al titular de la Fiscalía General de Coahuila, Gerardo Martínez Guevara. El documento, también señala a la Fiscalía General de la República, pues existió una denuncia a nivel federal, pero las autoridades no indagaron a profundidad los hechos.

Se trata de la desaparición de Héctor Rangel Ortiz, Irene Lugo Hernández y Milton Aguilar Torres, quienes el 10 de noviembre de 2009 salieron de Querétaro rumbo a Monclova, para cobrar el dinero que una pareja le debía al primero.

Ya en Monclova, fueron detenidos por policías municipales por supuestamente conducir a exceso de velocidad y los extorsionaron con 200 pesos para dejarlos ir.

Poco antes de la medianoche, Héctor se comunicó con su hermano para informarle que estaban en un hotel. Pero en ese momento los mismos policías escoltaban al hombre contratado como chofer por el deudor, que conducía el auto que habría de venderse. Héctor dijo a su hermano que iría a averiguar qué pasaba, y desde entonces no se sabe nada de los tres jóvenes.

En la recomendación se ofrece el testimonio de una persona de identidad reservada, quien dijo que los policías entregaron a los jóvenes a Los Zetas, aparentemente porque llevaban un paquete con droga.

En la bitácora de la policía municipal se registró la detención, pero nunca se oficializó la supuesta liberación, y después negaron los hechos, con lo que este hecho se constituyó en desaparición forzada. En tanto, la procuraduría del estado ha incurrido en irregularidades en las indagatorias.