Eduardo Murillo

La obligación de un funcionario público de no bloquear a ningún ciudadano de sus redes sociales se agota cuando deja dicha responsabilidad, ya sea porque culminó su periodo, fue despedido o suspendido de su cargo, señala la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el proyecto de sentencia de un amparo que se votará este lunes en su segunda sala.

Hasta ahora, la SCJN ha otorgado varios amparos en favor de ciudadanos, quienes denunciaron en su momento que han sido bloqueados en redes sociales por diferentes funcionarios; en este nuevo caso se señala que cuando el cargo público termina también cesa en automático la prohibición de bloquear.

El caso específico tiene que ver con la decisión del ex fiscal Veracruz Jorge Winckler de bloquear en su cuenta de Twitter a la académica y columnista Patricia Rodríguez, quien recurrió entonces al amparo, bajo el argumento de que al impedir que viera sus publicaciones en esa red social, el entonces funcionario estaba limitando su acceso a la información.

Derecho a la información

La quejosa afirmó que al bloquearla en Twitter, el entonces fiscal obstaculiza su labor periodística de obtener datos vinculados con las funciones de la autoridad responsable y, con ello, el derecho de la sociedad a mantenerse informada. Asimismo, refirió que se viola el derecho de libertad de expresión, ante su profesión de periodista.

En primera instancia, la académica obtuvo una sentencia favorable en el juzgado decimoquinto de distrito, radicado en Xalapa, quien le otorgó la protección de la justicia federal basándose en los antecedentes de la SCJN, en el caso conocido como amparo tuitero, donde, entre otros conceptos, se señaló que en las redes sociales de los servidores públicos bloquear o no permitir el acceso a un usuario a las cuentas en las que comparte información relativa a su gestión gubernamental, sin causa justificada, atenta contra los derechos de libertad de expresión y de acceso a la información de la ciudadanía.

Sin embargo, Winckler interpuso un recurso de revisión ante el primer tribunal colegiado del séptimo circuito, quien en vista de lo novedoso del tema pidió a la SCJN que atrajera el caso.

En el máximo tribunal el asunto quedó a cargo de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien en su proyecto de sentencia propone sobreseer el juicio, debido a que Winckler ya no es fiscal.