José Antonio Román

Luego de exigir al Senado que realmente discuta y analice los decretos de las leyes secundarias en materia educativa, el colectivo Red Educación Derechos (RED) señaló que apresurar un marco legal sin revisar cuidadosamente sus implicaciones tendrá consecuencias negativas para el país y la educación pública.

Advirtió que la abrogación de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa pondría en riesgo la vida de más de 30 millones de estudiantes en el país, y que la eliminación del Instituto Nacional para la Infraestructura Física Educativa (Inifed) significaría perder al organismo encargado de regular la seguridad estructural para construir, remodelar y darle mantenimiento a los más de 200 mil planteles públicos de educación básica.

Además, una decisión de este tipo pondría en riesgo la seguridad física también del personal docente y administrativo, y al mismo tiempo trasladar esta obligación a los padres de familia equivaldría, en los hechos, a hacerlos responsables de cualquier daño que los planteles puedan tener o sufrir en un país con alta sismicidad.

En una carta dirigida a los senadores, el colectivo RED, integrado por especialistas, académicos y representantes de la sociedad civil, llamaron a los senadores a atender y defender el interés superior de la infancia, por encima de los intereses de un grupo de maestros agrupados en la Coordinadora de Nacional de Trabajadores de la Educación en la discusión de las leyes secundarias turnadas a ese órgano legislativo.

La misiva enumera una larga lista de deficiencias contenidas en el decreto aprobado por la Cámara de Diputados y enviado por el Ejecutivo federal, y está suscrita pos los voceros del colectivo, entre ellos Alejandro Canales, del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (Iisue), de la UNAM; Alma Maldonado, del Departamento de Investigaciones Educativas, del Cinvestav; Roberto Rodríguez, del Instituto de Investigaciones Sociales, de la UNAM, y Arcelia Martinez, de la Universidad Iberoamericana.