De La Redacción

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) instruyó a la Secretaría de Salud (Ssa) hacer pública los documentos relacionados con las reuniones que sostuvieron funcionarios del sector con fabricantes y distribuidores de medicamentos, así como otros productos. Con esa decisión revocó la respuesta gubernamental en la que se argumentó la inexistencia de información a partir de restricciones legales.

Al resolver un recurso de acceso a la información en el cual se solicitaba la vinculada con estos encuentros celebrados entre el 1º de diciembre de 2018 y el 18 de junio de 2019, el Inai estimó que la Ssa no realizó una búsqueda exhaustiva en todas las unidades responsables. El comisionado ponente, Joel Salas, destacó la importancia de este tema polémico en los primeros meses del sexenio.

A la austeridad, el combate a la corrupción y la mejora en la gestión del sistema público de salud hace falta agregar la transparencia como valor fundamental, porque los derechohabientes y pacientes requieren conocer los resultados mediante indicadores de calidad, además de seguir cada peso destinado a medicinas, equipo, mantenimiento o construcción de clínicas, hospitales y salarios de personal médico y de enfermería.

Total transparencia

Indicó que en el marco del combate a la corrupción en la adquisición de medicamentos, ante problemas de suministro que se generaron con movimientos de pacientes, familiares y doctores en favor del abasto oportuno, es importante contar con datos sobre estos procedimientos.

Durante la presente administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha acusado a las principales farmacéuticas de boicotear acciones gubernamentales para terminar con la corrupción que se detectó en estos procedimientos y promover versiones de desabasto de medicinas. En paralelo, se han denunciado casos de escasez de medicamentos, como el Metotrexato, una sustancia para enfermos de cáncer en menores.

La Ssa señaló en su respuesta que existe una restricción absoluta a los funcionarios para sostener encuentros con fabricantes y distribuidores de medicamentos.