Andrea Becerril y Víctor Ballinas

Entre críticas al Poder Judicial de la Federación (PJF) por liberar a parte de los encarcelados por su participación en el caso Ayotzinapa, comisiones del Senado aprobaron por unanimidad una reforma que obliga a hacer públicas todas las sentencias y resoluciones de jueces, magistrados y ministros.

Es la punta de lanza para sanear el Poder Judicial, resaltó Félix Salgado (Morena). Sostuvo que el Consejo de la Judicatura Federal es una cloaca llena de corrupción y planteó que se debe separar de la Corte a ministros como Eduardo Medina Mora, quien debería estar en Almoloya, ya que tiene nexos con la delincuencia organizada.

Reconoció asimismo que el actual presidente del máximo tribunal, Arturo Zaldívar, ha emprendido la transformación del PJF; se salvan también, dijo, los dos ministros recién elegidos, pero los otros ocho deben ser sustituidos si insisten en pisotear la ley. Recordó que el PJF congeló la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, convirtiéndose en juez y parte, por lo que los ministros aún ganan 400 mil o 500 mil pesos al mes. Que no se les olvide: no son los superpoderosos ni los padres de la Patria. Los podemos quitar, insistió.

Al servicio de los más pesados

El senador de Morena se refirió al juez que liberó en un virtual sabadazo a policías y criminales involucrados en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, sin que se le sancione. Acusó también que jueces y magistrados que abarcan desde la Ciudad de México hasta Guerrero, Jalisco y Michoacán se han enriquecido porque tienen que ver con los reclusorios más grandes del país, como Puente Grande y Almoloya, porque están al servicio de los más pesados.

Durante la reunión de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, la panista Xóchitl Gálvez se sumó a las críticas por la liberación de los implicados en la desaparición de los 43 normalistas.

Dijo que a punto de cumplirse cinco años de ese hecho, si las autoridades judiciales supieran que todos van a estar sujetos al escrutinio público serían mucho más cuidadosos con sus resoluciones.

Por su parte, el presidente de la Comisión Dictaminadora, Clemente Castañeda (MC), destacó que la aprobación del dictamen por el que se reforma el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, “es un gran paso que se brinda a las víctimas, un instrumento para defenderse y exigir sus derechos.