Néstor Jiménez, Alonso Urrutia y Gustavo Castillo

Aunque el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, declaró ayer por la mañana que no se permitirán en el país ejecuciones extrajudiciales e irán a fondo en las investigaciones en el caso de Nuevo Laredo, Tamaulipas, más tarde mandos del Ministerio Público Federal señalaron que las pesquisas quedarían por el momento en el ámbito local, por tratarse de delitos del fuero común.

Encinas Rodríguez adelantó que, en caso de ser necesario, se planteará la posible atracción por parte de la Fiscalía General de la República del caso, que calificó de gravísimo y contrario a la política de defensa de los derechos humanos del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El caso de presuntas ejecuciones extrajudiciales de ocho personas llevadas a cabo por policías de Tamaulipas fue dado a conocer por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), que presentó evidencias de la supuesta comisión de esos crímenes, tras un un enfrentamiento entre policías estatales y presuntos criminales del cártel del Noreste (una escisión deLos Zetas), el pasado 5 de septiembre en el municipio de Nuevo Laredo.

Al ser cuestionado sobre estas evidencias que contradicen la versión del gobierno estatal sobre un presunto enfrentamiento entre policías estatales y supuestos criminales, el subsecretario de Gobernación indicó que de ninguna manera vamos a permitir ninguna ejecución extrajudicial, independientemente de que sean elementos de los cuerpos de seguridad del Estado.

Insistió en que es una tarea de seguridad que compete a la autoridad local, pero subrayó que se investigará qué sucedió y se deben deslindar responsabilidades.

Al señalar que es el único caso de presunta ejecución extrajudicial del que tengan denuncia en el presente año, recalcó que el de Tamaulipas es gravísimo y sobre todo va en contra de la política de defensa y protección de derechos humanos que ha planteado el gobierno del presidente López Obrador.

El CDHNL sostuvo que se trató de un montaje en el que se sembraron pruebas con vehículos donde supuestamente viajaban los presuntos criminales.