Eduardo Murillo

La Fiscalía General de la República (FGR) es la entidad del gobierno federal, del sector seguridad, que tendrá un aumento mayor de recursos para el año próximo pues, según el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), su gasto se incrementará 15.6 por ciento.

                   

Para el presente año se contemplaba para la FGR, autónoma del Poder Ejecutivo, un presupuesto de 15 mil 351 millones 82 mil 687 pesos, el cual aumenta a 18 mil 202 millones 187 mil 474 pesos.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) verá crecer su presupuesto en sólo 0.38 por ciento, al pasar de 93 mil 670 millones de pesos a 94 mil 28 millones para este año.

La Secretaría de Marina (Semar) tendrá un aumento de 4.59 por ciento, pues este año recibió 32 mil 83 millones de pesos, y para el próximo tendrá 33 mil 557 millones.

A la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que fue creada este año, se le asignó un presupuesto de 59 mil 150 millones 695 mil 893 pesos para 2020, de los cuales más de 2 mil 242 millones se destinarán a la Guardia Nacional.

Respecto del presupuesto del Poder Judicial Federal (PJF), como se trata de un ente autónomo al Ejecutivo, ellos mismos hacen su propuesta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien la integra al proyecto de PEF y la presenta a la Cámara de Diputados para su aprobación.

Para el año próximo, el PJF busca un presupuesto de 68 mil 632 millones de pesos, lo que significaría un incremento de 7.8 por ciento respecto al año vigente.

La propia solicitud de presupuesto del PJF reconoce deficiencias en el ejercicio de su gasto, durante años pasados: En ejercicios fiscales anteriores, la administración del PJF se había realizado deficientemente, lo cual redundó en varios años con subejercicios que concluyeron en reintegros a la Tesorería de la Federación y en rezagos de las actividades más trascendentes para la atención de las personas justiciables como, por ejemplo, el retraso en la instalación de 34 órganos jurisdiccionales. En otras palabras, la deficiente ejecución presupuestal afectó directamente el alcance de la impartición de justicia.