Alonso Urrutia

De 117 solicitudes, sólo ha respondido a cabalidad nueve // El Inai ha revocado 37 respuestas negativas // El aumento de peticiones, a raíz de las nuevas tareas que le encomendaron

El pasado 29 de abril, el presidente López Obrador encabezó una ceremonia en la base aérea de Santa Lucía y dio inicio a los trabajos preliminares de la contrucción del nuevo aeropuerto, obra que encomendó a la Sedena.

Convertida en una de las dependencias más requeridas durante este sexenio en materia de transparencia, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es también una de las más reacias a entregar la información solicitada: de 117 recursos que ha recibido el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), en 37 (31 por ciento) ha revocado la respuesta; en 53 (45 por ciento) la ha modificado por insatisfactoria y sólo en nueve la ha confirmado.

Con un creciente protagonismo en la actual administración, que ha diversificado su actuación hacia áreas en las que antes no estaba involucrada, la Sedena ha tenido, en correspondencia, mayor número de peticiones de información que debería estar en su poder.

Es el caso de la resolución del recurso 1992 de este año que resolvió el pleno del Inai, relacionado con los proyectos y toda la información relacionada con la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles en la actual base militar de Santa Lucía, en el estado de México.

La respuesta de la Sedena, utilizada en forma recurrente para negar la información, fue: Después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta secretaría, no se localizó evidencia documental que dé respuesta a su requerimiento.

Ante la negativa y el recurso interpuesto, el Inai revocó la decisión a partir de expresiones públicas del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en varias ocasiones se ha referido expresamente al rol central que desempeña la Sedena en esta obra, y ordenó que entregara la información.

En materia de obras que le ha asignado el gobierno federal o mediante acuerdos con ejecutivos estatales, la Sedena ha rehusado entregar información remitiendo a los solicitantes a otros actores. Es el caso del Hospital Infantil de Topilejo, en la alcaldía de Tlalpan, acordado con el Gobierno de la Ciudad de México, en el que rechazó entregar cualquier dato y remitió al peticionario con la administración local para la entrega.

El Inai ha revocado las respuestas para ordenar la entrega de información en la medida en que la Sedena es actor central en la construcción de ese inmueble. Situación similar a lo sucedido en la construcción de un cuartel militar en los límites de Jalisco y Aguascalientes, acordado con los gobiernos de ambas entidades, con similar desenlace al revocar el Inai la respuesta.

En las peticiones se incluía la información acerca de empresas subcontratadas y personal militar y civil contratado para la construcción, entre otros datos.

Las respuestas negativas de la Sedena no sólo se asocian a obra pública, también ha rehusado entregar la información que le fue solicitada sobre el recibo de nómina del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional.

La respuesta oficial fue: No se encontró evidencia documental alguna, a lo que agregó: normativamente el pago de percepciones al personal de la secretaría se realiza de manera electrónica, sin recabar firmas ni expedir recibos.

Esta respuesta fue revocada por el Inai con base en la legislación fiscal, que obliga a la existencia de documentación que acredite el pago.

Otra de las solicitudes de acceso a la información desechadas por la Sedena fue el expediente del general José de Jesús Gutiérrez Rebollo, negado por la dependencia en primera instancia, porque la secretaría está imposibilitada de confirmar si esa persona ostenta o no la personalidad militar.

Posteriormente, en el desahogo del recurso, la secretaría apeló a la protección de datos personales, razonamiento que fue rechazado por el Inai con el argumento de que sí era posible entregar una versión pública del documento.

La Sedena rechazó, en principio, tener información sobre el tipo de mantenimiento que contrató para el avión presidencial José María Morelos y Pavón, que fue enviado a California.

Aunque en principio negó la información, por no tener evidencia documental de su existencia, en el desahogo del recurso entregó una información pública.