Enrique Méndez y Roberto Garduño

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) cuando fue encabezada por Rosario Robles no aclaró el destino de 3 mil 843 millones 468 mil pesos del presupuesto aprobado por el Congreso para la reconstrucción de 17 mil 57 viviendas afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017.

El Informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2018 –elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y a revisión en la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados–, refiere que la Sedatu sólo supervisó 59 mil 380 viviendas, incumpliendo las reglas de operación específicas del Fondo de Desastres Naturales y la Ley de Planeación de la dependencia. Así, no tuvo certeza sobre los avances de la reconstrucción de 111 mil 628 casas.

En opinión de la ASF, la gestión de la Sedatu para la reconstrucción o rehabilitación de las viviendas afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre fue deficiente, pues careció de un saldo confiable de las viviendas afectadas, ya que su número y los montos difieren entre sus diversos registros, lo que restó confiabilidad y veracidad a las cifras reportadas, definió.

Así, la secretaría encabezada por Rosario Robles, explicó el ente fiscalizador, sólo reportó la supervisión de 59 mil 380 casas habitación dañadas, por lo que se desconoce si los beneficiarios pudieron reconstruir o rehabilitar sus viviendas. Todo ello implicó posibles riesgos en el uso de los recursos destinados y denotó un inadecuado control de la secretaría en atención a esas viviendas dañadas.

El daño al erario, calculado por la ASF en el informe remitido a la Cámara de Diputados, se detectó porque de 10 mil 29 millones autorizados por el Congreso para las labores de reconstrucción, sólo se consideraron a los programas de obra 6 mil 185 millones, denotando –adujo la auditoría– una diferencia por 3 mil 843 millones 468 mil pesos, sin que la dependencia justificara las razones por las cuales existieron dichas inconsistencias.