Georgina Saldierna y Andrea Becerril

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los partidos renunciar a 50 por ciento de sus prerrogativas –que para 2020 serán de 5 mil 230 millones de pesos–, el titular del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, consideró ayer que esa es una decisión que toca resolver a las fuerzas políticas, aunque vale la pena revisar el monto de financiamiento público al que tienen acceso, sin afectar las necesidades reales de gasto que tienen.

Advirtió que una reducción sin sustento de las prerrogativas podría abrir la puerta al dinero ilícito en las campañas electorales. Si se cierra demasiado la llave a los partidos, se les puede colocar en una posición de buscar recursos donde no nos conviene a nadie, agregó.

El titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, José Agustín Ortíz Pinchetti, dijo que debe encontrarse una fórmula para calcular el financiamiento que sea operativa y justa. Pero es urgente la reducción del costo de la democracia, pues éste no se justifica.

La ciudadanía está en contra del exceso de gasto de los partidos, puntualizó al participar en un seminario sobre reforma electoral en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.

Entrevistado en el Senado y también en el IIJ, Córdova resaltó que en el pasado los partidos han renunciado a prerrogativas.

Tras los sismos de 2017, recordó que diversas fuerzas políticas notificaron al instituto su decisión de dejar de recibir parte o la totalidad de las ministraciones mensuales. En ese caso, el INE lo que hace es regresarlas a la Tesorería de la Federación.

El titular del INE resaltó que esta es la única vía legal existente para renunciar al financiamiento público, y agregó que hubo partidos que optaron por rutas distintas, no establecidas por el órgano electoral.

Córdova ratificó que el instituto no define de manera arbitraria o a su gusto las prerrogativas que reciben las fuerzas políticas, sino que depende de un mandato constitucional, por lo que en todo caso también se requeriría un cambio a la Carta Magna para llevar a cabo una reducción.

Indicó que otra vía es cambiar la Ley General de Partidos Políticos, para reducir el financiamiento local que reciben los institutos políticos y cuyo monto es similar al federal.