César Arellano García

Alonso Israel Lira Salas, ex titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), impugnó la negativa de un juez federal en materia penal de otorgarle un amparo para evitar la ejecución de cualquier orden de aprehensión o citación que haya solicitado en su contra la Fiscalía General de la República (FGR).

El recurso de queja fue presentado por Berenice Ginette Estrella Luna, apoderada legal del quejoso, contra la decisión emitida el pasado 16 de julio por María Catalina de la Rosa Ortega, juez noveno de distrito de amparo en materia penal, quien decidió turnarlo a un tribunal colegiado.

Según el expediente, la demanda de garantías no se otorgó debido a la discrepancia de la firma de Lira Salas que existe en la demanda inicial y la estampada en el escrito de desahogo recibido en esa fecha, por ello requirió al quejoso, para que dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al que surtiera efectos la notificación de ese acuerdo, compareciera al local de este juzgado a ratificar el contenido y firma del ocurso; asimismo, se le apercibió de que de no hacerlo en el término concedido, se tendría por no presentado, señaló la juez.

En mayo pasado la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que funcionarios de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) hicieron un uso parcial de los recursos públicos de la dependencia al emitir dos comunicados de prensa y difundir un video relacionados con la acusación realizada contra Ricardo Anaya, ex candidato presidencial de la coalición por México al Frente, por la presunta venta irregular de una bodega en Querétaro.

Los magistrados determinaron en su momento que dicho uso parcial de los recursos públicos podría haber afectado la equidad en el proceso electoral de 2018.

Los ex funcionarios involucrados son Alonso Israel Lira Salas y Rafael Lugo, ex director de Comunicación Social, quienes laboraron en la administración del ex encargado de despacho de la desaparecida PGR, Alberto Elías Beltrán.

También, la sala superior determinó remitir copia certificada de la resolución al Órgano Interno de Control de la dependencia, para que determinara lo conducente.