Emir Olivares Alonso

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público indaga sobre una posible red de ex funcionarios que habrían estado involucrados en el millonario desvío de recursos públicos a empresas fantasma mediante contratos otorgados durante la gestión de Rosario Robles Berlanga al frente de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), caso conocido como la estafa maestra.

Así lo informó el titular de esa instancia, Santiago Nieto Castillo, quien indicó que se tiene información que apunta a 124 objetivos y se ha encontrado que 50 empresas incurrieron en lavado de dinero mediante la característica de fachada.

Además, explicó, la UIF también ha solicitado información allende las fronteras para detectar si hubo movimientos financieros en el extranjero relacionados a este caso.

Entrevistado ayer tras su participación en un foro contra la trata de personas, el funcionario reiteró lo que dijo el martes en Palacio Nacional acerca de que se han bloqueado las cuentas de seis ex funcionarios presuntamente involucrados en el desvío que, de acuerdo con la revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a las cuentas públicas 2013 y 2014, podría ascender a 7 mil 670 millones de pesos.

Las investigaciones han dado hasta ahora “un total de 124 objetivos. Hemos encontrado indicadores de lavado de dinero en 50 empresas, que encontramos con la característica de fachada, que fueron utilizadas por la Sedesol en lo que conocemos como la estafa maestra, y la vinculación con seis servidores públicos”.

Nieto Castillo afirmó que la UIF analiza la información recabada con el propósito de tener, en un par de semanas, una resolución global sobre este caso y proceder conforme a derecho.

Acerca de las ocho universidades públicas que se habrían usado para triangular los fondos, el funcionario dijo que en cuanto a la Autónoma de Hidalgo, se han bloqueado cuentas por 151 millones de pesos que recibieron desde Suiza, con el fin de verificar si la procedencia de esos recursos es lícita.