Jessica Xantomila

Fue necesario adoptar medidas para evitar los impuestos, pero no a costa de los derechos humanos

Después de la visita a México del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, quien el pasado domingo dio el visto bueno a los operativos en materia migratoria, la Iglesia católica afirmó que el país se ha sometido a los criterios e imposiciones del gobierno de Was-hington aceptando la incoherencia de unir negocios con el derecho y la necesidad de migrar.

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) reconoció la necesidad de tomar decisiones valientes para evitar la imposición de aranceles a los productos mexicanos por Estados Unidos, amago que hizo el presidente de ese país, Donald Trump, pero no en detrimento de la soberanía nacional, la dignidad y el respeto a los derechos humanos de los migrantes, la solidaridad entre los pueblos y el trabajo por el bien común.

En un mensaje dirigido a obispos, presbíteros y a la sociedad reiteró su preocupación por la falta de acogida verdaderamente humanitaria a nuestros hermanos migrantes, que refleje nuestras convicciones en materia de reconocimiento y protección de los derechos de todos los seres humanos por igual.

Tristemente, añadió, constatamos que la dignidad como personas “está siendo vulnerada, pues ha sido ‘cambiada por un plato de lentejas’”. Expresó su inquietud por el cambio de política migratoria del gobierno mexicano, pasando de una actitud de bienvenida a otra de contención y deportación.

La CEM acusó que las casas, centros de derechos humanos y personas laicas han sido objeto de hostigamiento, criminalización y obstaculización de las labores de asistencia, protección y defensa de las garantías de los migrantes.

Como muestra, expuso los casos ocurridos en el Centro de Atención al Migrante Exodus, en Agua Prieta, Sonora, y el presunto hostigamiento de la Guardia Nacional a la Casa del Migrante de Saltillo, con elementos de la Policía Federal.

Detalló que ha habido insistencia de dependencias federales, como la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración, entre otras, en solicitar información interna a los albergues.

La Iglesia católica en México expresó su deseo de seguir colaborando con todas las iniciativas que permitan encontrar un camino de mayor seguridad y protección de los derechos humanos de las personas migrantes.