Emir Olivares y Fabiola Martínez

La Fiscalía General de la República (FGR) trabaja en seis líneas de investigación para resolver el caso Ayotzinapa, en las que la hipótesis del basurero de Cocula, Guerrero, se ha descartado.

Así lo informaron funcionarios a los padres de los 43 normalistas desaparecidos, en el contexto de la séptima reunión de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso, que se realizó ayer en la Secretaría de Gobernación (SG), señalaron asistentes.

La base de esas líneas de investigación, que dirige el recién nombrado fiscal para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, son varios de los puntos que dejó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Algunos de ellos, dijeron los asistentes consultados, son la conclusión del análisis de la telefonía, las rutas que apuntan a otros municipios además de Iguala, la relación de los ataques contra los normalistas por la participación del crimen organizado debido a que los jóvenes tomaron un autobús que transportaba droga, que los estudiantes fueron aprehendidos y divididos para después conducirlos a diferentes destinos, entre otros.

Otro tema en el que profundizará la FGR, dijeron, es la práctica de tortura contra personas señaladas como responsables de haber participado en la desaparición de los normalistas, y las responsabilidades de ex funcionarios por esos delitos y el ocultamiento de los mismos.

En la séptima sesión de la comisión –presidida por el subsecretario de Derechos Humanos de la SG, Alejandro Encinas– participaron los padres de los normalistas e integrantes de las organizaciones que los han acompañado; funcionarios de las dependencias federales que forman parte de la misma, y representantes de la CIDH y de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).

Entre los presentes estuvo el nuevo titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, quien ofreció recursos suficientes para que la Comisión opere, informó la SG en un comunicado.

Durante la sesión se informó que el 31 de julio y el primero de agosto se realizará la reunión oficial de la presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño, y el comisionado Ernesto Vargas para dar continuidad al plan de trabajo del Mecanismo Especial de Seguimiento para el Caso Ayotzinapa, a la que se invitará a integrantes del GIEI.

La SG detalló que Jesús Peña, representante adjunto de la ONU-DH, presentó el marco jurídico de los beneficios e incentivos para colaboradores eficaces, conforme a la ley y a los estándares internacionales de derechos humanos que puede implementarse por la comisión presidencial.