Ana Langner y Emir Olivares

Sin importar que la autoridad migratoria se sienta rebasada en sus capacidades, el Estado mexicano tiene la obligación de ofrecer trato digno a las personas en situación de movilidad, de lo contrario contravendría la legislación nacional y los estándares internacionales en materia de derechos humanos, señalaron organizaciones no gubernamentales.

Agregaron que las declaraciones del titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, reflejan el perfil de seguridad que se ha implementado en la política migratoria.

Ayer, desde Chiapas el comisionado del INM declaró que la crisis humanitaria que está provocando la migración masiva ha rebasado la infraestructura y los recursos materiales que se requieren para darles un trato digno a muchos. Asimismo, se dijo preocupado por el arribo de migrantes de África, Asia y Europa.

Para Ana Saiz Valenzuela, directora general de Sin Fronteras, estas aseveraciones son totalmente inaceptables. Ello toda vez que, más allá de que se sienta la institución abrumada o rebasada por la situación, el trato digno a una persona en situación de migración no es cuestionable pues ello está regulado en la Constitución, en la Ley de Migración y en los estándares internacionales.

En relación con presencia de migrantes transcontinentales, destacó que es una población que ha estado presente, por lo menos en los pasados cinco años, en proporciones muy pequeñas comparados con el número de personas de Centroamérica.

En este contexto, el discurso del titular del INM parece un intento por justificar el endurecimiento en las nuevas políticas del gobierno. Buscan generar sentimiento de miedo y desconocimiento de la población, indicó Saiz Valenzuela.

Por su parte, Salva Lacruz, coordinador del área de cambio estructural del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, con sede en Tapachula, Chiapas, expuso que el Estado mexicano se encuentra rebasado en sus capacidades ante la actual crisis migratoria y de refugiados en la región sureste del país; sin embargo, esto se da principalmente porque el gobierno federal carece de la voluntad política de acometer dicha crisis con un enfoque de derechos humanos.