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SEGUNDA JORNADA POR LA DEFENSA DE LA DEMOCRACIA


 

 

Dennis A. García y Gustavo Castillo

Faltan otras por ejecutarse: FGR

Un juez de control con sede en el Reclusorio Norte libró las órdenes de aprehensión el domingo pasado contra el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin y el propietario de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira Elizondo, quien fue detenido ayer en España.

Por la noche, personal de la Policía Federal Ministerial llevó a cabo un cateo en la calle Ladera número 20, en el fraccionamiento Residencial Lomas de Bezares, en la Ciudad de México, en busca de detener a Lozoya Austin.

El abogado Javier Coello Trejo confirmó la diligencia ministerial y señaló que el domicilio pertenece a Emilio Lozoya Thalmann, padre del ex director de Pemex, y que el cateo concluyó sin que hubieran encontrado nada.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que desde el pasado 5 de marzo recibió la denuncia contra el empresario y otras personas de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República y Pemex, al considerar que causaron un grave daño patrimonial a la empresa productiva del Estado, e indicó que existen más órdenes de aprehensión por ejecutarse, pero se reservó los nombres.

De acuerdo con fuentes federales, entre los coacusados está el ex director de Pemex.

En este momento se encuentran diversas órdenes de aprehensión en ejecución, como resultado de más de dos meses de diversas diligencias, siendo la última de éstas la querella que se solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), lo cual es un requisito de procedibilidad que debe mantenerse con estricto apego a la ley y a la secrecía correspondiente, informó la FGR.

Fuentes federales confirmaron a La Jornada que la UIF –encabezasa por Santiago Nieto– presentó la denuncia contra Lozoya Austin ante la FGR porque detectaron que durante su gestión como director de Pemex se realizaron operaciones con recursos que proceden presuntamente de actividades no lícitas y que se relacionan con la compra a un sobreprecio que realizó Pemex a Altos Hornos de México de la planta Agronitrogenados.

La Policía Nacional española detuvo ayer en la isla de Mallorca, España, a Ancira Elizondo, quien tenía programado viajar a las islas Baleares y luego retornar a Estados Unidos.

En ese contexto, el abogado Javier Coello Trejo, defensa de Lozoya Austin, dijo que tramitó un amparo para conocer el motivo de la presunta orden de aprehensión con la que cuenta la FGR y señaló que hasta el momento no han sido notificados del aseguramiento de las cuentas bancarias.

Explicó que con el amparo busca conocer si efectivamente existe la orden de aprehensión y, en su caso, saber los delitos que le imputan y tener acceso a la carpeta de investigación.

El titular de la UIF, Santiago Nieto, anunció en días pasados el aseguramiento de las cuentas tanto de Altos Hornos de México como las de Emilio Lozoya luego de que detectaron operaciones con recursos que proceden presuntamente de actividades ilícitas.

Fuentes federales y la agencia del Estado Notimex señalaron que un juez giró las órdenes de aprehensión contra el ex director de Pemex y Alonso Ancira Elizondo.

Sin embargo, la FGR no confirmó sobre la orden de aprehensión contra Lozoya Austin ante la posibilidad de incurrir en faltas al debido proceso y que con ello el ex funcionario pudiera argumentar violaciones a sus derechos.

A dicha investigación se suma la que tiene la FGR contra Emilio Lozoya por presuntos actos de soborno en el caso Odebrecht que, de acuerdo con el abogado, ya acudieron a comparecer ante el Ministerio Público.

La Subprocuraduría Especializada en Delitos Federales abrió la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGICDMX/117/2017 luego de que Odebrecht habría entregado sobornos por 10.5 millones de dólares entre 2010 y 2014 a funcionarios de Pemex, entre ellos Emilio Lozoya.

En otros países las pesquisas han avanzado por los sobornos de Odebrecht. En México, la FGR tiene avances parciales debido a que la entonces Procuraduría General de la República firmó un convenio con su homóloga de Brasil por el cual se comprometió a no ejercer alguna acción penal, civil o administrativa contra funcionarios de Odebrecht a cambio de que le entregaran información acerca de la investigación.

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