Alonso Urrutia

Recientemente enviado al Congreso, el Plan Nacional de Desarrollo se reivindica como la génesis de una propuesta posneoliberal en cuyo contenido el neoliberalismo es citado en al menos 30 ocasiones. Una etapa a la que se le confieren desde el carácter antidemocrático de las instituciones hasta la destrucción del contrato social, la introducción de un lenguaje oscuro y tecnocrático para ocultar los propósitos gubernamentales y la promoción de lujos faraónicos en el gobierno.

En contrapartida, más allá del diagnóstico de los males del país, se confronta con el bienestar al que se hace referencia en 38 ocasiones en el texto, como el eje de las nuevas políticas gubernamentales, lo cual es complementado con las alusiones a la corrupción. Ambos vocablos sintetizan gran parte de las proyecciones de la política pública que confronta los males del neoliberalismo a partir de la conformación de instituciones saneadas, confiables y respetuosas de las leyes y con una sociedad participativa e involucrada en el ejercicio del poder.

Desde el diagnóstico las referencias al neoliberalismo subrayan que se significó por el desmantelamiento sostenido de la presencia del sector público y la dramática reducción del sector social; la apertura comercial indiscriminada; la desregulación en todos los frentes; la supresión o reducción de derechos y conquistas laborales; la eliminación de los subsidios generales y su remplazo por sistemas clientelares focalizados en los sectores más depauperados; el parcelamiento de las facultades gubernamentales en comisiones y organismos autónomos.

Siempre a partir de la dualidad de las políticas neoliberales y el nuevo gobierno, en el PND se destaca que la nueva ruta del desarrollo para el bienestar, partirá de construir la modernidad desde abajo, en alusión a los desposeídos, oprimidos, despojados y discriminados”, que han sido atropellados por los intereses económicos. Será una construcción colectiva, que incluya la vasta diversidad de posturas políticas y condiciones socioeconómicas.

Otro ámbito en el cual el documento del nuevo gobierno hace marcadas diferencias respecto de las pasadas administraciones es la corrupción, que es definida como la forma más extrema de la privatización, enfatizando en asociarla al neoliberalismo.