Angélica Enciso y Dora Villanueva

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló ayer que el lunes comenzarán las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Santa Lucía, con lo cual la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) estaría en violación de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental, debido a que ésta señala que la evaluación de impacto ambiental de una obra o actividad se debe hacer antes del inicio de los trabajos de la misma, señaló el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).

La evaluación del impacto ambiental y, en su caso, la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto del aeropuerto de la Sedena (promovente del proyecto) por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se podría llevar de 60 hasta 180 días hábiles, es decir, entre tres y nueve meses, luego de la entrega del documento a la dependencia, lo cual ocurrió el 15 de abril.

El artículo 28 de la ley general, y el número 5 de la legislación reglamentaria en materia de impacto ambiental establecen con claridad que la evaluación de la MIA de una obra o actividad de estas características se debe realizar antes de que comience algún trabajo, indicó la organización.

Más allá de que inicien ciertas obras y la colocación de una primera piedra, existe el riesgo de que se avance en un proyecto que sigue sin el aval de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que otorga las certificaciones de operación internacional de aeropuertos, explicó Federico Gómez, especialista en el tema.

La aeronáutica es fundamental, porque desde el cielo se comienza a diseñar un aeropuerto. Primero son las rutas y luego se disponen las pistas. Una vez establecido eso, se diseña lo que tú quieras, dijo en entrevista.

Si bien la construcción de la obra está a cargo de la Sedena, los estudios aéreos y el plan maestro se promueven por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde ni la empresa NavBlue, ni Aeropuertos de París han entregado los estudios de aeronavegabilidad, ni el plan maestro de la obra, agregó.

Raúl Flores González, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, reprochó que se les haya dejado fuera del proyecto y que no exista información sobre obras aledañas, como la conectividad y el drenaje. “Dependemos mucho de buenas ideas que provienen de una campaña política (…) El que lo haga la Sedena es administración directa”, dijo. Consideró que la construcción, al quedarse en instancias gubernamentales, implicará discrecionalidad en el uso de recursos.

En tanto, el Frente de Pueblos Originarios por la Defensa del Agua, integrado por 20 sistemas comunitarios y seis comités de localidades aledañas a la base militar de Santa Lucía, en el estado de México, anunció que solicitarán la consulta y una reunión pública de información que se pueden realizar en el contexto de la evaluación que realiza la Semarnat de la MIA. El plazo para hacer la solicitud vence el 3 de mayo.

Hay expertos que ya comenzaron a revisar la MIA presentada a la Semarnat y el equipo de abogados que asesora al frente evalúa la presentación de amparos, indicó Ricardo Ovando del Sistema de Agua Potable de Tecámac.