César Arellano García

Un juez federal exoneró del cargo de delincuencia organizada a los 21 implicados en la desaparición forzada y asesinato de cinco jóvenes, perpetrados en Tierra Blanca, Veracruz, en enero de 2016.

La Fiscalía General de la República (FGR) investigó y los acusó por delincuencia organizada y otros ilicitos, pero no fueron acreditados, de acuerdo con la resolución del juez federal.

Sin embargo, la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGEV) señaló que los implicados no quedarán libres. Entre ellos se encuentra Francisco Navarrete Serna, detenido en 2016 después de ser identificado como líder del cártel Jalisco Nueva generación en la región de Tierra Blanca y presunto responsable de esos hechos.

Según la FGEV, están sujetos a sendos autos de formal prisión por su probable participación en los delitos de homicidio y desaparición forzada contra los jóvenes originarios de Playa Vicente. Sin embargo, ahora los detenidos podrán pedir su traslado del penal de máxima seguridad de Gómez Palacio, Durango, a uno de Veracruz para continuar su proceso por delitos del fuero local.

La fiscalía estatal reiteró su compromiso ineludible con padres, familiares y amigos de los jóvenes asesinados para que se haga justicia y no impere la impunidad.

Entre los detenidos se encuentran ocho ex agentes, incluido el ex delegado de la policía estatal en Tierra Blanca Marcos Conde Hernández, debido a que en 2016 familiares de las víctimas demostraron con grabaciones que Bernardo Benítez Arroniz, Susana Tapia Garibo, Mario Arturo Orozco Sánchez, Alfredo González Díaz y José Benítez de la O fueron interceptados por agentes de la secretaría de seguridad pública en ese municipio cuando viajaban del puerto de Veracruz hacia Playa Vicente.

El pasado 4 de marzo, el gobernador Cuitláhuac García encabezó un Acto de Reconocimiento de Responsabilidad y Disculpa Pública del Gobierno de Veracruz por estos crímenes, en respuesta a la recomendación 5VG/2017 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por violaciones graves, y a un dictamen presentado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.