Alma E Muñoz y Alonso Urrutia

Herencia del pasado gobierno, el abasto de medicinas constituye lo peor en el sector salud, no sólo por su carencia en hospitales pese a la inversión de 93 mil millones de pesos sino por la concentración de empresas que los suministraban, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador. En 2018, los institutos Mexicano del Seguro Social y el de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado gastaron 54 mil 940 millones de pesos, 64 por ciento de los cuales fueron sólo para tres proveedores.

En su informe de 100 días de gobierno, el mandatario calificó de pésima calidad el servicio que se ofrece en los centros de salud públicos. Estoy consciente que es uno de los problemas más importantes que tenemos y que vamos a resolver más temprano que tarde, dijo López Obrador.

Como parte del capítulo social, destacó la importancia de alcanzar la justicia social en el país sobre la base de que hay un ideal compartido en todos los sectores de atender la pobreza como prioridad. Criterio que se expresa en destinar 300 mil millones de pesos del presupuesto público a mejorar las condiciones de vida de la gente más humilde.

Bajo esta lógica, en 2019, en 70 por ciento de los hogares del país llegará, “cuando menos, un apoyo para el bienestar y en las comunidades indígenas la ayuda llegara a todas las familias. Detalló la asignación presupuestal y los alcances de cada uno de los programas que ha instrumentado desde su llegada, señalando que 62 de los 100 compromisos que hizo con la sociedad en su toma de protesta ya se han cumplido.

Ratificó su disposición a consultar la revocación de su mandato a la mitad de su sexenio y anunció que rendirá informes trimestrales para dar cuenta de la instrumentación de sus programas y del incremento en la población beneficiada como el caso de los adultos mayores que en los primeros 100 días ya suman 13 millones, pero con la proyección de que en el próximo trimestre sumarán 18 millones de beneficiarios.

Aseveró que ante la corrupción detectada en la operación de los programas sociales se determinó cancelar la intermediación de las organizaciones para asignarlo directamente para evitar “simulaciones, los llamados moches, el piquete de ojo o cualquier otra forma de transas o desvíos de recursos destinados a la gente.