Dennis A. García

A casi 100 días de que dio inicio el actual gobierno federal, la Administración General de Aduanas ha detenido a 28 personas –entre ellas nueve servidores públicos de esa dependencia– por la probable comisión de distintos delitos, de los que siete ya fueron vinculados a proceso.

Por otra parte, busca que la ropa de procedencia apócrifa no sea destruida, sino que se done a la población más necesitada.

En el balance realizado en los primeros tres meses del sexenio, Ricardo Peralta Saucedo, administrador general de Aduanas, informó que han incautado 20 armas, casi media tonelada de drogas, alrededor de mil 400 cargadores, 13 mil cartuchos de distintos calibres, medio millón de dólares y un buque –que se encuentra en Tuxpan, Veracruz– con bandera de Singapur que transportaba 49 kilos de cocaína.

En entrevista, indicó que el año pasado se destruyeron mil 848 toneladas de ropa, zapatos y útiles escolares que entraron de contrabando o eran piratas. Por ello, explicó que buscarán llegar a un acuerdo con los propietarios de las marcas para que en lugar de destruir los productos puedan ser donados a la gente más pobre del país, pues las mercancías se están pudriendo en las aduanas.

Para contar con un sistema de revisión más ágil y transparente, Peralta Saucedo adelantó que buscan una nueva ley aduanera, en la que se tome en cuenta a todos los operadores del comercio exterior, cámaras de comercio y al Consejo Coordinador Empresarial; el anteproyecto se presentará al diputado Mario Delgado (Morena) en la tercera semana de marzo para que analice la viabilidad del documento.

Nos estamos convirtiendo en bodega de mercancías embargadas, ya que hay productos detenidos desde hace décadas, enfatizó. A la par, dijo, se proyecta una aduana social, con el propósito de que la ropa de procedencia apócrifa o que entra de contrabando al país se destine a los más necesitados.

“La regulación y el convenio de Marruecos indican que se debe destruir la mercancía por ser apócrifa, porque los propietarios de las marcas tienen el derecho de disponer lo que a su derecho convenga. Sin embargo, estamos en la posibilidad de reunirnos, tomando en consideración los 60 millones de pobres que hay en el país y los más de 9 millones en pobreza extrema para llegar a un acuerdo.