Emir Olivares Alonso

A punto de cumplir 100 días de administración, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido pendular en materia de derechos humanos y ambientales, pues ha presentado claroscuros que van de la crítica a organizaciones de la sociedad civil o la violación de la ley para concretar proyectos que atentan contra el medio ambiente, señalaron defensores de estas garantías.

Durante el foro 100 días. Un análisis de las acciones del actual gobierno federal en materia de derechos humanos, medio ambiente y género, organizado por la Fundación Heinrich Böll Stiftung, dijeron que al mismo tiempo hay elementos positivos, sobre todo en combate a la impunidad y el reconocimiento de la crisis que el país enfrenta en la materia.

El director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Mario Patrón, indicó que hasta ahora ha sido un gobierno de luces y sombras, donde por un lado el presidente ha denostado generalizando en torno a las organizaciones de la sociedad civil y los organismos autónomos, plantea políticas como la Guardia Nacional –que en principio contemplaba la militarización de la seguridad pública– y la ampliación de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa y la cancelación de programas sociales, como el de estancias infantiles y el retiro de apoyos a los albergues que atienden a mujeres víctimas de violencia.

Pero por otro se han abierto canales de interlocución con ciertos funcionarios que entienden la agenda de derechos humanos, como el subsecretario del ramo de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, para atender y resolver casos de violaciones a garantías y reconocer las crisis que vive el país, como los 43 de Ayotzinapa y otros, con lo que se asienta una agenda para combatir la impunidad.

Alejandra Padilla, de EQUIS Justicia para las Mujeres, indicó que la violencia contra este sector se ha incrementado desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico, pues en 2009 la tasa de homicidios de mujeres era de 1.9 por cada 100 mil habitantes y pasó a 4.4 en 2016.

Gustavo Alanís, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, subrayó que nadie puede cuestionar la legitimidad del Presidente, pero eso no le da vía libre para saltarse la ley en materia ambiental.