José Antonio López

Requiere un presupuesto anual de 727 millones de pesos

La prisión del archipiélago representa para el gobierno un gasto anual de 727 millones de pesos. En 2005, la colonia penal celebró 100 años de vida.Foto José Antonio López

Interno con mandíbula y aletas de tiburón. Del archipiélago, los presos salían preparados para trabajar al obtener su libertad.

Localizadas a 112 kilómetros de la costa nayarita, las Islas Marías fueron concebidas como un espacio penitenciario perfecto para confinar a los delincuentes más peligrosos de la primera parte del siglo XX. Su ubicación era estupenda para evitar fugas, no sólo por la gran distancia que las separa del litoral, sino por las fuertes corrientes marinas y porque las rodea un mar infestado de tiburones.

A punto de cumplir 114 años de operación, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el lunes 18 de febrero un decreto para cerrarlas como lugar para la reclusión y convertirlas en el Centro Natural y Cultural Muros de Agua-José Revueltas. La decisión se tomó sobre todo por motivos económicos, pues la prisión representa un oneroso gasto anual de 727 millones de pesos.

El centro penal se inauguró en mayo de 1905, durante el régimen de Porfirio Díaz, cuyos últimos años en el poder se caracterizaron por una intensa represión y persecusión contra los disidentes. En el porfiriato, en 1910, también se creó el Manicomio General La Castañeda. En ambos espacios se documentaron innumerables abusos, castigos, maltratos y torturas.

Las islas fueron descubiertas en los primeros años de la Colonia. Su posesión fue disputada por Hernán Cortés y Nuño de Guzmán; pero realmente fueron aprovechadas hasta el siglo XIX. Tuvieron varios propietarios, hasta que en enero de 1905 Gila Azcona, viuda de Manuel Carpena –el último dueño– las vendió al gobierno de Porfirio Díaz por 150 mil pesos. Cuatro meses después, el presidente firmó un decreto para convertirlas en una colonia penal federal, la primera y única que operó en México.

Patrimonio Natural de la Humanidad

El archipiélago fue declarado Área Natural Protegida, con el carácter de reserva de la biosfera, en 2000; y cinco años más tarde, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura lo clasificó como Patrimonio Natural de la Humanidad, por su diversidad ecológica.

En más de un siglo de historia, el penal fue señalado por los abusos y torturas contra los reclusos. Fue en los años 40 y 50 del siglo pasado cuando comenzaron a llegar las primeras familias a vivir junto a los sentenciados, lo que le daba un giro distinto respecto del resto de las cárceles del país, pues las condiciones de internamiento se asemejaban a la vida en libertad.

Por sus muros de agua, como los llamó el escritor duranguense José Revueltas, recluido en dos ocasiones en las islas entre 1932 y 1935 por motivos políticos (mismos por los que posteriormente se le internaría en Lecumberri), también pasaron María Concepción Acevedo, La Madre Conchita, autora intelectual del homicidio del presidente Álvaro Obregón, así como Juan Manuel Martínez Macías, El Padre Trampitas, sacerdote voluntario que estuvo ahí por 37 años y que se hizo amigo de los reos más peligrosos. Entre otros.

En 1970, el entonces presidente Luis Echeverría visitó el centro carcelario y recibió decenas de denuncias de los maltratos. Ordenó transformarlo en un modelo de readaptación social. Sin embargo, los abusos siguieron.

De acuerdo con los registros, en 1989 uno de los internos logró fugarse. Se trata de Carlos Miralrio Mujica, acusado del homicidio de dos personas. Al escapar se le dio por muerto, hasta que fue recapturado en Ciudad de México, luego de participar en un robo de arte sacro.

En 2010, Felipe Calderón decidió convertir el espacio en un complejo penitenciario de alta seguridad, y fueron enviados ahí peligrosos criminales, a quienes se les recluyó en las primeras prisiones con barrotes en la zona conocida como Laguna del Toro. La población carcelaria se elevó a más de 8 mil internos.

En febrero de 2013, cerca de 600 reos se amotinaron para demandar mejor calidad en los alimentos y servicio de atención médica.

El lunes, el presidente López Obrador anunció su cierre definitivo. De los 656 presos en la isla, 200 cumplen ya con los requisitos de ley para recuperar su libertad, y el resto será trasladado a diferentes centros penales.