Roberto Garduño y Enrique Méndez

La aprobación de la reforma al artículo 19 de la Constitución, que amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, dividió anoche a la oposición, luego de que casi la mitad de las bancadas de PAN, MC y un sector del PRI le dieron de sobra los votos que requería Morena.

El resultado, explicaron diputados, evidenció la instrucción de los gobernadores de esos partidos para que los legisladores de sus estados validaran el cambio, que se turnó al Constituyente Permanente –las legislaturas de los estados– para su ratificación.

A pesar del encono que se dibujó en la tribuna del Palacio Legislativo de San Lázaro, que fue tomada por el panismo, cuando se registraron los votos en el tablero electrónico se configuró el respaldo al cambio constitucional, pero también el rechazo en un sector de Morena.

Presentes en el salón de sesiones, los diputados de Morena Pablo Gómez y Sergio Mayer, presidente de la Comisión de Cultura, no votaron, y su compañera Lorena Villavicencio, quien propuso sin éxito cambiar la prisión preventiva oficiosa por la figura de prisión preventiva justificada, votó en abstención.

Morena y aliados requerían el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, y la oposición dejó en libertad a sus legisladores para que votaran en conciencia.

Ello dividió a las bancadas: de los 78 diputados del PAN, 36 aprobaron la reforma, así como siete de los 47 priístas. Y de los 28 que integran la bancada de MC, 13 respaldaron el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales. Además, los nueve diputados que ayer renunciaron el PRD votaron en favor.

De esta manera, la reforma prevé que el juez ordenará esa medida cautelar en delitos de abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción y robo al transporte de carga.

También, robo de hidrocarburos, desaparición forzada de personas y cometida por particulares, y delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

Morena resaltó que se trata de delitos de alto impacto y explicó que no será una medida definitiva, sino de excepción, y que sus resultados se evaluarán a los cinco años de que entre en vigor.

En tribuna, la diputada Dulce María Sauri Riancho cuestionó que al incrementar el número de delitos prevalece la sinrazón. Explicó que en casos concretos, como el robo de combustibles, la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Hidrocarburos, vigente desde mayo de 2016, es obligación del Ministerio Público solicitar prisión preventiva oficiosa al juez en todos los casos, pero en la realidad no ocurre. Lo mismo pasa, indicó, en el caso de la Ley Contra la Delincuencia Organizada.

En contraparte, Ángel Robles (PT) exclamó: “¡Que se cuiden los huachicoleros, los que pretendan robarse las elecciones y los que se enriquecen a costa del pueblo!”

Enrique Ochoa Reza, ex dirigente nacional del PRI, resaltó que en los argumentos de Morena se defendía la prisión preventiva justificada, no la preventiva, por lo que pidió a esa bancada aclarar su postura, sin encontrar eco.