Dennis A. García

Ante la problemática de la sobrepoblación y el autogobierno en el sistema penitenciario, el comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, Francisco Garduño Yáñez, planteó la necesidad de invertir en una nueva infraestructura en los penales estatales.

Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el funcionario explicó que actualmente hay 211 mil personas privadas de su libertad en todo el país, de las que 19 mil se encuentran en penales federales. En ese sentido puntualizó que el problema se concentra en entidades como Nayarit, Jalisco, Nuevo León y Chihuahua.

Adelantó que en un mes se realizará la Conferencia Nacional Penitenciaria, donde se podrán plantear políticas públicas, acordar protocolos y apoyos fiscales para los proyectos del sistema penitenciario.

Tras el anuncio del cierre del complejo penitenciario de Islas Marías, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que erogaba anualmente 727 millones de pesos para la operación de ese penal, que funcionaba con un modelo de sistema de reinserción disfuncional que vulnera los derechos humanos de los familiares de los internos.

Señaló que el complejo tiene capacidad para 5 mil 106 personas privadas de su libertad, y actualmente alberga a 659, cuyo costo individual diario es de 2 mil 885.52 pesos, equivalente a 86 mil 565.60 mensuales por cada interno.

Es considerado como un sistema de reinserción disfuncional, ya que incumple con el propósito último de reintegrar a las personas a la sociedad; además de la vulneración a los derechos humanos de las seis familias (con 14 menores), que habitan las islas, al ser víctimas de la prisión, pues desarrollan sus actividades cotidianas, su vida en un penal, sostuvo.

La dependencia que encabeza el secretario Alfonso Durazo explicó que las más de 641 mil hectáreas que conforman las Islas Marías serán destinadas para el establecimiento de un centro de educación ambiental a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y la vigilancia estará a cargo de la Secretaría de Marina.

La decisión de concluir la actividad del complejo penitenciario Islas Marías obedeció a que genera mayor gasto que beneficio, ya que resulta oneroso e inviable financieramente mantener un régimen de internamiento obsoleto, en términos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, indicó.