Emir Olivares y Alonso Urrutia

El plan de implementación de la Ley General en Materia de Desapariciones que pondrá en operación el gobierno federal cuenta con varios ejes nodales: priorizar la búsqueda en vida de las víctimas; colaborar estrechamente con las familias de los afectados, gobiernos de los estados e instancias internacionales; trabajar en la prevención, investigación y sanción del delito; reforzar los mecanismos ya existentes y crear nuevos que permitan atender la problemática.

Ayer, en el salón Tesorería de Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la presentación de esta estrategia. Correspondió al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, dar los detalles.

El objetivo central es diseñar, con la participación de familias de víctimas, las bases generales, las políticas públicas y procedimientos en los órdenes de gobierno para la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas y no localizadas, así como prevenir, investigar y sancionar a los responsables de estos delitos, informó Encinas.

El plan tiene 11 puntos: la reinstalación –a más tardar en marzo– del Sistema Nacional de Búsqueda (SNB), la designación del nuevo titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, las acciones para concretar la creación de las 32 comisiones locales, la adecuada asignación del presupuesto (400 millones de pesos) y la homologación de los protocolos para la investigación del delito y para la búsqueda.

También, la coordinación de las diferentes instancias para priorizar la búsqueda en vida, brindar atención adecuada a las víctimas, la creación del Instituto Nacional de Identificación Forense (INIF) y del Sistema Único de Información Tecnológica e Informática (SUITI), la asistencia jurídica internacional y la procuración de justicia y tipificación del delito.

Dar prioridad a la búsqueda en vida, dijo Encinas, permitirá no sólo lograr su recuperación, sino a la vez enfrentar problemas vinculados con la trata de personas.

Se reformularán los trabajos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a fin de hacer más efectiva su respuesta. Se atenderán recomendaciones de organismos internacionales y se trabajará con ellos para resolver la problemática.

A más de un año de la entrada en vigor de la ley, existen 20 entidades federativas que han incumplido con el ordenamiento de crear su propia comisión local de búsqueda; hasta ahora han cumplido Coahuila, estado de México, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí y Querétaro; en tanto, en Tamaulipas, Baja California, Tlaxcala y Veracruz falta el nombramiento de quién las dirigirá.

El objetivo del INIF y del SUITI será crear una sinergia de coordinación en espacios donde se presuma puedan tener datos de desaparecidos: servicios forenses, hospitales, centros siquiátricos y de atención a las adicciones, del DIF, el sistema penitenciario, el Registro Nacional de Personas Fallecidas, albergues, panteones, estaciones migratorias y terminales de autotransporte.