César Arellano García

Por medio de cartas, familiares de ocho ex policías federales que continúan presos en una cárcel federal de Tepic, Nayarit, acusados por la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán del penal de máxima seguridad de El Altiplano, en 2015, han solicitado al presidente Andrés Manuel López Obrador, así como a sus secretarios de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, que revisen los expedientes, pues aseguran que son inocentes.

En algunas misivas, de las que tiene copia La Jornada, señalan que son presos políticos, ya que la pasada administración buscaba culpables para justificar la fuga del narcotraficante. Existen intereses políticos de por medio. Ante la falta de argumentos jurídicos establecen conjeturas basadas en sus propios criterios, ofendiendo y vulnerando el principio de la presunción de inocencia, dice uno de los escritos.

En el caso del ex agente Érick Sorcia Martínez, su esposa indica que desde hace tres años y seis meses, su esposo se encuentra en prisión preventivas en el Cefereso 4 de Tepic, tiene un amparo pendiente sin resolver desde septiembre de 2017, resaltando que hay dilación, por lo que considera que se están violando sus derechos.

Asimismo, parientes de Jaime Galindo Hernández solicitan el “indulto presidencial. Toda su familia se encuentra devastada, ya que Jaime siempre fue un policía federal que cumplió a cabalidad con el principio de honradez y acatamiento a las leyes de este país, pero la incompetencia del gobierno anterior ha dado como consecuencia que se buscaran chivos expiatorios y culpables por la fuga de Joaquín El Chapo Guzman”, dice otra de las misivas.

Los agentes que aún permanecen detenidos son Jaime Galindo Hernández, Vicente Flores, Érick Sorcia, Luis Alberto Aguilar, Agustín Jiménez Molina, Arturo Hernández Hernández, Oswaldo Beytia y Miguel Ángel Cortés.

En entrevista, Edith Lobato dijo que la mayoría de los reclusos presentan cuadros de depresión y su salud se ha deteriorado. Agregó que ayer jueves tuvieron una segunda reunión con Francisco Garduño, comisionado nacional de los penales federales. Nos comentó que nos brindarán el apoyo para que revise caso por caso y puedan salir bajo medida cautelar, continúen su proceso en libertad y, en su caso, las autoridades se desistan de la acción penal.