Dennis A. García y Fabiola Martínez

Ante gobernadores, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, defendió la conformación de la Guardia Nacional y anunció reformas para cesar la persecución del consumo de algunos enervantes.

Durante la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en la que se aprobó la nueva fórmula para la asignación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), que asciende este año a 11 mil millones de pesos para estados y municipios, el funcionario dijo que se pondrá énfasis en recuperar el control de los penales.

Con la nueva fórmula, aprobada en lo general, varias entidades, entre ellas el estado de México, recibirán menos recursos, de ahí que se buscará un mecanismo para compensarlos, se indicó al terminar el encuentro.

En su mensaje, Durazo explicó que la Guardia Nacional se trata de un cuerpo diseñado para proteger a la sociedad, sin que se pretenda hacer de lado a las policías estatales y municipales.

La Policía Federal carece de suficientes elementos para satisfacer las demandas de los gobiernos locales que solicitan la presencia de la Federación, ahí está entre otras razones el origen de la Guardia Nacional. Es triste reconocer que hay generaciones que desde que nacieron sólo han conocido un país violento; no podemos seguir así, dijo.

Indicó que la sociedad mexicana está profundamente lastimada por la violencia y que los ámbitos de la vida social y económica están siendo afectados por la delincuencia.

“Más allá del narcotráfico y el crimen organizado, la vida del ciudadano está impactada por los delitos del orden común. Proponemos pasar de un concepto militar de combate a la violencia a uno de carácter consistente en construir la paz a partir de garantizar empleo, salud, bienestar y educación, especialmente en las comunidades donde los criminales se han convertido en la autoridad.

Promoveremos las reformas necesarias para cesar la persecución por el consumo, de tal manera que los recursos que se destinan a combatirlo sean reorientados para la rehabilitación de los consumidores”, sostuvo.

Aseguró que en el programa de seguridad pública se asume el compromiso de garantizar el respeto a los derechos humanos, y el gobierno federal ratifica su compromiso de erradicar la represión, de tal manera que nadie sea torturado o desaparecido por cuerpos de seguridad.

En ese sentido, anunció las 10 líneas estratégicas para la asignación de recursos del FASP, que consiste en capacitación, profesionalización y certificación de policías; equipamiento policial y de instituciones; creación o fortalecimiento de unidades de inteligencia financiera en los estados; creación o fortalecimiento de servicios médicos forenses.

Además, apoyo al sistema penitenciario y de ejecución de medidas para adolescentes; interconexión de los sistemas de información federales, estatales y municipales; actualización y fortalecimiento de la red nacional de radiocomunicación; fortalecimiento tecnológico del Registro Vehicular; sistema de vigilancia y geolocalización, y el impulso a un modelo nacional de policía.

Estas líneas estratégicas, aseguró, buscan la mejora de las capacidades y recursos en todos los niveles, que estimulen la coordinación de las acciones y promuevan el respeto a los derechos humanos.

Esta nueva fórmula incluye criterios que toman en cuenta la gravedad de los problemas de seguridad en cada región. Será privilegiada la atención de las causas que originan la inseguridad y la violencia derivada de un acceso desigual a las oportunidades, concluyó.