Víctor Ballinas, Néstor Jiménez y Enrique Méndez

En el combate al robo de combustible “estamos trabajando con todo el Estado mexicano, el cual es más fuerte que los intereses del huachicol y la corrupción en este país”, afirmó ayer la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, mientras en la Cámara de Diputados se informó que en la comparecencia que tendrán funcionarios federales ante la Comisión Permanente deberán dar detalles del impacto económico que han generado las medidas tomadas, así como las acciones para restablecer el suministro sin afectar a la ciudadanía.

Se prevé que hoy acudan a San Lázaro el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, seguido de la secretaria de Energía, Rocío Nahle; del director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero, y del titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield.

El diputado panista Ricardo García Escalante, presidente de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, detalló que cada uno de ellos tendrá 30 minutos para informar sobre las acciones de la dependencia a su cargo en el operativo contra el robo de combustible.

Ayer por la mañana, Sánchez Cordero aseguró que el Estado mexicano se está imponiendo contra el robo de combustible.

Respecto de los avances de la estrategia, insistió: vamos hacia un estado de derecho, un verdadero estado democrático de derecho, no una simulación.

El presidente Andrés Manuel López Obrador puso en marcha los operativos contra el huachicol con el despliegue de 4 mil elementos de las fuerzas armadas, así como el cambio en la forma de transportación de combustibles para usar pipas en lugar de ductos debido a la ordeña ilegal que se registraban.

Por otra parte, al preguntarle sobre la iniciativa de la Guardia Nacional, y los cambios que se le harán a esa propuesta, Sánchez Cordero manifestó que luego de los foros realizados en la Cámara de Diputados “vamos muy bien. En las mesas de diálogo se tomaron en cuenta gran parte de las opiniones de gobernadores, de alcaldes, de instituciones del Estado mexicano, así como de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de organismos internacionales, como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.