Gustavo Castillo García

Registros de la Procuraduría General de la República (PGR) refieren que a pesar de las denuncias presentadas por los representantes legales de Petróleos Mexicanos (Pemex) contra empleados o personas ajenas a la empresa por el delito de robo de hidrocarburos, el Ministerio Público Federal (MPF) no logró obtener pruebas para llevar a juicio ni siquiera a 50 por ciento de los imputados, y aunque desde la petrolera se impulsaron acciones operativas contra el huachicoleo entre 2014 y 2017, no tuvieron gran seguimiento desde otras instituciones.

Asimismo, informes a los que tuvo acceso La Jornada señalan que en el periodo mencionado la Subdirección de Salvaguardia Estratégica de Pemex, propuso la contratación de mecanismos de registro del volumen de hidrocarburos que se distribuía a través de la red de ductos y la suspensión de actividades, entre otros, del sistema que corre de Minatitlán, Veracruz, al estado de Querétaro, ya que era uno de los principales tramos de abastecimiento para los grupos de huachicoleros que operan en la zona del llamado Triángulo Rojo (en municipios del estado de Puebla y Veracruz) en donde se registró la mayor cantidad de tomas clandestinas.

De acuerdo con información obtenida de funcionarios federales y mandos de la empresa, la Subdirección de Salvaguardia Estratégica de Pemex –que dirigía el general Eduardo León Trauwitz, quien ha sido mencionado como sujeto a investigación– señalaron que desde la creación de esta área Pemex creó una estrategia de combate al robo de combustible, que incluyó el monitoreo de las cantidades de hidrocarburo que se abastecían a los centros de almacenamiento tanto por la red de ductos como por tierra o bien por medio de buquetanques.

Las fuentes consultadas señalaron que además se impulsó la presentación de denuncias de carácter penal ante el Ministerio Público Federal contra grupos de trabajadores y de personas ajenas a la compañía petrolera.

Sin embargo, refirieron, las investigaciones que llevaron a detectar el movimiento de pipas de Pemex que trasvasaban su carga a vehículos de compañías privadas no tuvieron seguimiento por el Ministerio Público Federal, a pesar de que se iniciaron averiguaciones previas relacionadas con empresas localizadas en estados como Querétaro, San Luis Potosí y Tamaulipas.

Los entrevistados mencionaron que una muestra de la falta de eficacia de la PGR se detectó entre 2016 y 2018, cuando más de 600 trabajadores fueron indiciados por ser presuntos responsables de los delitos de sustracción ilícita de combustibles, productos o bienes como aceites, fosfatos, poliestirenos, químicos o solventes, de sus instalaciones de trabajo. De todos, sólo llegaron a proceso 280 personas y la PGR nunca informó de las sentencias dictadas.

En julio de 2017 Pemex entregó un informe a la autoridad reguladora del mercado bursátil de Estados Unidos, en el cual señaló que en el robo de combustible tanto en el interior como en los ductos participaban grupos de la delincuencia organizada y que se había puesto en marcha una estrategia de combate en la que participaban las principales instancias de seguridad nacional e inteligencia contra los delitos financieros.