Néstor Jiménez

A la par de la comisión de la verdad que creó el presidente Andrés Manuel López Obrador para investigar la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, en la Cámara de Diputados tienen la obligación de citar a comparecer a los servidores públicos que investigaron el caso, ya que está entre sus facultades, sostuvo el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del órgano legislativo, Hugo Rafael Ruiz Lustre.

Recalcó que independientemente de que la comisión de la verdad tendrá su campo de acción, en San Lázaro, como Poder Legislativo, una de sus atribuciones es traerlos a que nos informen, que rindan cuentas, para que digan que hicieron, y si lo hicieron bien o mal.

El diputado por Morena subrayó que si en las legislaciones pasadas no fueron llamados algunos de los responsables de la investigación, sus razones tuvieron, pero esta legislatura tiene la obligación y en sus atribuciones está traer a los funcionarios públicos a rendir cuentas.

Dijo que en la lista para ser llamados estarían quienes encabezaron las indagatorias por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) y todos los que hayan participado como servidores públicos en las pesquisas.

Agregó que analizarán la creación de una nueva comisión especial para ampliar la investigación del caso en San Lázaro, aunque aclaró que se deben definir los alcances, ya que recordó que la Cámara de Diputados no es un órgano con facultades para judicializar el tema.

Ruiz Lustre encabezó, además, un foro en San Lázaro encaminado a buscar mecanismos para empoderar a las personas con discapacidad, con el objetivo de que puedan contender por cargos de elección popular.

El legislador, quien sufre discapacidad visual, afirmó que, de lo contrario, no podrán influir en la toma de decisiones. Para ello anunció la puesta en marcha del proyecto Discatel, que será una plataforma de información para persona con discapacidad, la cual permitirá ofrecer fuentes de empleo para esta población.

Discatel, dijo, se integraría al mecanismo de participación social como parte de los lineamientos de la ley general de inclusión de personas con discapacidad.