Arturo Sánchez Jiménez y Emir Olivares Alonso

Empleados de la UNAM no siguieron los protocolos para impedir la violencia

Las áreas encargadas de la seguridad en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) detectaron la presencia de grupos de choque en Ciudad Universitaria (CU) horas antes de que se diera la agresión contra estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Azcapotzalco. Sin embargo, no se aplicaron los protocolos para evitar que los porros llegaran hasta la explanada de Rectoría, donde atacaron en forma violenta a los alumnos.

Informaron lo anterior fuentes cercanas al equipo de Enrique Graue, quienes revelaron que la falta de coordinación se dio debido a que hay una fractura y cruce de acusaciones en el círculo cercano del rector, lo cual generó que no hubiera respuesta adecuada para evitar la posterior crisis que esos hechos generaron.

Los agresores llegaron a CU en dos microbuses y dos automóviles particulares a la una de la tarde del 3 de septiembre. Su presencia en el campus, de acuerdo con reportes de las áreas de inteligencia universitaria, era para un presunto intercambio de banderines con grupos del Instituto Politécnico Nacional –que nunca llegaron a la supuesta cita. Estuvieron en las inmediaciones del Estadio Olímpico y pidieron ingresar, pero no se lo permitieron.

En otro punto del campus, estudiantes universitarios, encabezados por los del CCH Azcapotzalco, realizaban una movilización que concluiría en Rectoría en reclamo de mejores condiciones de seguridad y otros problemas del plantel.

Ante el riesgo, se dio aviso a las secretarías General y de Atención a la Comunidad Universitaria, a cargo de Leonardo Lomelí y Javier de la Fuente, respectivamente. Hubo tiempo de actuar para evitarlo, pero el ataque se perpetró.

De acuerdo con las fuentes consultadas, no se solicitó apoyo de los granaderos, pese a que éstos estaban a un kilómetro de CU; se pudo permitir el ingreso de los agresores al estadio o, en coordinación con autoridades de Ciudad de México, formar un cerco policiaco en Insurgentes Sur y cerrar los bajopuentes que conectan ese recinto con el campus, evitando el paso de los porros. Nada de eso se hizo.

Indicaron que la actuación de la oficina de la abogada general no ha resultado conveniente para confrontar los problemas, como el de los porros o el de acoso sexual. La titular, Mónica González, dijeron, no conoce la Universidad (es egresada del Instituto Tecnológico Autónomo de México) y varias veces se ha excusado de no asistir a reuniones convocadas por el propio rector con el argumento de que se encuentra ofreciendo conferencias.

La Jornada consultó a miembros de la comunidad para conocer su opinión acerca de esta situación. José Antonio Pérez Islas, coordinador del Seminario de Investigación en Juventud de la UNAM, indicó: La universidad debe fortalecerse en una transformación de ciertos mecanismos que a la fecha ya no responden a esas realidades. Por ejemplo, en los temas de democratización, del acceso, de la calidad educativa y de las formas de autoridad en la estructura.