Alonso Urrutia

Práctica recurrente de todos los partidos políticos que se había incrementado, la compra y coacción del voto se contuvo durante el proceso de 2018. Si bien el Instituto Nacional Electoral (INE) creó una estructura para investigar todo acto que fuera denunciado entre los propios institutos, en esta ocasión sólo se presentaron 14 quejas por irregularidades de ese tipo o violaciones de funcionarios públicos a las restricciones que impone el artículo 134 constitucional.

Así lo dio a conocer el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, durante la presentación de estudios sobre el proceso electoral elaborados por instituciones académicas. Destacó que con base en las experiencias de las elecciones federales más recientes, en las cuales se detectó un incremento en las denuncias por compra y coacción del voto, el INE diseñó estrategias para atender esta práctica.

En tanto, Jorge Márquez, coordinador del estudio realizado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, destacó que la investigación realizada entre operadores políticos y personas que reconocieron haber vendido su voto da cuenta de que en esta ocasión ese esquema no resultó tan amplio ni generalizado en Ciudad de México, lugar donde se efectuó el análisis.

A pesar de este retroceso coyuntural en la compra y coacción del voto, para el secretario ejecutivo del INE es necesario repensar las estrategias para disuadir esta práctica que utilizan todos los partidos políticos para captar simpatías y votos.

Destacó que una característica de esta situación es el uso de dinero en efectivo, lo cual hace más complejo el seguimiento del mismo para efectos de fiscalización o de investigación de las quejas.

Entrevistado al término de la presentación, subrayó que la ruta para desterrar esas prácticas que involucran a todos los partidos es a partir del reforzamiento de la cultura cívica que permita evitar el abuso partidista por las condiciones de pobreza y marginación que existen en el país, tarea que va más allá del INE e involucra a otras instituciones.

En su intervención, Márquez dijo que para su estudio se realizaron entrevistas tanto con operadores politicos de varios partidos como con ciudadanos que reconocieron haber vendido su voto. Lamentó que estas prácticas se preserven porque el sufragio, afirmó, es un bien público que al venderse se privatiza por intereses particulares de partidos y ciudadanos.