Dennis A. García

Caminata contra la trata de personas, realizada en octubre pasado en Ciudad de México.

El problema de la trata de personas en México en sus distintas modalidades, como la explotación sexual, trabajos o servicios forzados, sigue sin ser dimensionado, pues no es posible hablar de un número determinado de víctimas, ya que se carece de información real debido a la cifra negra.

Aunque existe una comisión intersecretarial para abordar el tema, el número de afectados que muestran las autoridades no corresponde con la realidad que se vive en México, lugar de origen y destino de víctimas. Incluso, son muy pocas las personas que cometen este delito y que llegan a tener una sentencia condenatoria.

Respecto de las víctimas de explotación sexual, la forma de operar de las organizaciones criminales continúa igual: las enamoran, les prometen una mejor vida, tienen hijos y las mantienen controladas bajo la amenaza de que, si no cumplen con lo que se les pide, las consecuencias las enfrentará el hijo.

La Procuraduría General de la República (PGR) identifica dos rutas de trata de personas de frontera a frontera. Colombianas, venezolanas, hondureñas, salvadoreñas y mexicanas son las víctimas principales.

En la ruta del Pacífico, las víctimas son enganchadas en el sureste del país, las trasladan a Puebla y Tlaxcala, donde las mantienen en cautiverio. Luego son explotadas por un tiempo en Puebla o en Ciudad de México. Posteriormente son enviadas a Tijuana, donde las mantienen en casas de seguridad y su destino final es San Diego, California.

En entrevista con La Jornada, Juan Manuel Zavala Evangelista, responsable de la Fiscalía Especializada para los Delitos de Violencia contra Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), explicó que la segunda ruta es la del Golfo: las víctimas son enviadas a Reynosa, Tamaulipas, para luego cruzarlas a Estados Unidos. Los puntos específicos de explotación sexual son Florida, Washington y Nueva York.

En el contexto del Día Mundial contra la Trata, comentó que un fenómeno que se ve actualmente es que mujeres colombianas y venezolanas que fueron explotadas sexualmente en México pasan a ser agentes libres cuando terminan de pagar su deuda con las organizaciones criminales y se dedican a reclutar mujeres.

El funcionario mencionó que los cárteles de la droga no están propiamente involucrados en la trata de personas, pero cobran derecho de paso a los tratantes para dejarlos llegar a la zona fronteriza.

Zavala Evangelista reconoció que en este momento no podemos hablar de cifras oficiales, en virtud de que se trata de un delito que tiene una cifra negra impresionante; no es posible hablar en México de un número de víctimas.

La información más reciente que tiene la comisión intersecretarial data de 2016, al igual que el diagnóstico que en la materia elabora la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

De ahí, explica, se puede saber que de las averiguaciones previas en las que interviene la delincuencia organizada, 54 por ciento de las personas involucradas son menores de edad, 29 por ciento mayores y el resto no se puede identificar.

Zavala Evangelista indicó que la Fevimtra tiene 518 averiguaciones previas y carpetas de investigación, de las cuales 413 fueron determinadas, 42 casos fueron consignados y en 23 las autoridades obtuvieron sentencias condenatorias.

Agregó que la PGR cuenta con un refugio especializado en el que actualmente tiene a 159 víctimas, donde se les brinda atención y alojamiento temporal para protegerlas de sus captores.

Información de la Policía Federal detalla que entre diciembre de 2012 y finales de 2017 liberó a 548 mujeres, víctimas principalmente de explotación sexual; en ese mismo periodo detuvo a 543 presuntos responsables de dicho delito.

La dependencia estima que cada víctima genera a un traficante ganancias anuales por 13 mil dólares en promedio.

Por otra parte, en el informe 2016 de la comisión intersecretarial, la PGR reportó la atención a 161 posibles víctimas de trata de personas, de las cuales 127 son mujeres y 33 hombres, quienes recibieron atención médica y sicológica, así como asesoría jurídica.

La Comisión Nacional de Seguridad atendió a 12 posibles víctimas de dicho delito, 11 de ellas mujeres. El Instituto Nacional de Migración, por su parte, brindó apoyo a 12 posibles víctimas: cuatro de nacionalidad togolesa, tres hondureñas, dos salvadoreñas, una colombiana, una cubana y una venezolana. Mientras, la Secretaría de Gobernación ofreció ayuda a nueve personas.