Fernando Camacho Servín

Cuarenta y seis meses después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sus familiares aún exigen justicia.

La administración de Andrés Manuel López Obrador podría enfrentar la resistencia de diversos organismos de gobierno cuyos integrantes estarían involucrados en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, por lo que debe ir pensando cómo enfrentará esos obstáculos, advirtió Vidulfo Rosales, abogado de los padres de las víctimas.

Nos preocupa la resistencia que pueda haber en la Policía Federal (PF), la Procuraduría General de la República (PGR) y el Ejército. El gobierno tendrá que enfrentar esa realidad; van a ser obstáculos serios que nos van a impedir el esclarecimiento de los hechos, afirmó el litigante durante la marcha realizada ayer al cumplirse 46 meses de la desaparición de los alumnos.

En la PF, dijo Rosales, aún hay funcionarios que ordenaron el desalojo violento de un bloqueo carretero realizado por alumnos de Ayotzinapa el 12 de diciembre de 2011, durante el cual fueron asesinados Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús.

“Otro nivel de resistencia lo podríamos encontrar en la PGR, porque si bien cambiarán fiscales, subprocuradores y algunos directores de área, la estructura real de ministerios públicos, policías y peritos se va a mantener, y son ellos los que inciden para una investigación.

Otro gran actor que puede resultar un obstáculo es el Ejército, institución hermética que escapa a los controles civiles y se ha convertido en un poder fáctico equiparable al presidencial, que pondrá obstáculos para no ser investigado.

Rosales resaltó que las fuerzas armadas históricamente han defendido a sus elementos aunque estén acusados de violaciones graves de derechos humanos. Siempre lo han negado y lo van a seguir negando; ahí nos preocupa cuál será la posición del gobierno, porque en el camino van a seguir saliendo obstáculos.

El abogado confirmó que los padres de los 43 mantienen un diálogo muy fluido y positivo con Alejandro Encinas, propuesto por López Obrador como subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, y dijo que quieren empezar un diálogo formal con el nuevo gobierno.

Durante la marcha de ayer, del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez, los familiares de los normalistas reiteraron su petición a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que revoque la sentencia de un tribunal unitario sobre la supuesta imposibilidad jurídica de crear una comisión de la verdad, que contradice un fallo previo de un tribunal colegiado.