Roberto Garduño

Con el correr de las últimas tres décadas, la Cámara de Diputados se convirtió en una apetitosa agencia de colocación de todos los partidos políticos, y en una cuantiosa caja chica de sus dirigentes, porque 20 por ciento de los recursos públicos que ahí se administran no se comprueban. Para el año que corre, el presupuesto que se autoaprobaron los legisladores asciende a 8 mil 436 millones 435 mil pesos.

Los 500 diputados se presentan, al inicio de cada legislatura, con acompañantes (la mayoría familiares, amigas y amigos), los colocan a trabajar como asesores y ayudantes, práctica que se ha hecho costubre en los pasados 20 años. En ese lapso, las 56 comisiones ordinarias, inscritas en la Ley Orgánica del Congreso, no les han resultado suficientes para desempeñar sus labores, y han aprobado la creación de otras 46 comisiones especiales, con el propósito de participar por lo menos en dos o más.

Para el presente año el número de diputados, sus ayudantes y el resto de los trabajadores de la Cámara se calcula en 2 mil, quienes absorberán del presupuesto total para ese órgano legislativo 5 mil 441 millones de pesos. La Secretaría General, que se encarga de administrar esa bolsa total de recursos, destinará a los partidos políticos el capítulo de gasto 4000 por un monto de mil 250 millones de pesos. Ese rubro se conoce como transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, que en su mayoría no se comprueban.

Para los gastos de operación, conocidos como Servicios Generales, el órgano legislativo erogará al 31 de diciembre próximo mil 351 millones de pesos. En inversión pública gastará 195 millones, en materiales y suministros 142 millones, y en bienes muebles e inmuebles e intangibles, 57 millones de pesos.

Así, la división del trabajo legislativo en San Lázaro ha quedado corta en los años recientes. La norma del Congreso refiere en su letra la existencia de 56 comisiones ordinarias, que van de la de Agricultura hasta la de Cambio climático, Ciencia y Tecnología, Defensa Nacional, Desarrollo Rural, Economía, Gobernación, Marina, Presupuesto y Cuenta Pública, Puntos Constitucionales, Salud, Turismo, Vivienda y Justicia, para completar un total de 56.

Aun así, con la operación de esas 56 comisiones correspondería la participación de cada legislador en por lo menos dos de ellas. Con el tiempo, los coordinadores parlamentarios de PRI, PAN y PRD, partidos que han controlado hasta ahora los órganos de gobierno en San Lázaro, acordaban en privado crear comisiones especiales para satisfacer las demandas de sus correligionarios, y enfrentar los chantajes que algunos de ellos les dejaban sentir.

De esa forma, con el argumento de que las necesidades del país y de las regiones lo demandan, se crearon 46 grupos especiales de trabajo: desde el que analiza la trata de personas hasta el que impulsa a estudiantes de altas capacidades intelectuales, entre otros.

Los nombres de esas comisiones contienen temas de importancia relevante para el país, el problema es su bajísima productividad y consumo de recursos al presupuesto de la Cámara de Diputados.

También los diputados se han dado a participar, junto con senadores, en las comisiones bicamerales de Seguridad Nacional, Canal del Congreso, Sistema de Bibliotecas, en Materia de disciplina financiera de los estados y la del Diálogo y Reconciliación para Chiapas.

Crearon la Comisión de Investigación de los contratos de las empresas paraestatales con particulares, donde se incluyen los temas de Odebrech y OHL. Ésta, por presiones del PRI, no volvió a sesionar.

Así, existen más instancias creadas por los diputados. Las direcciones de estos centros se las han repartido PRI, PAN y PRD.