Alonso Urrutia y Jessica Xantomila

El incremento de mujeres en la esfera política no significa que se hayan eliminado las resistencias que bloquean su plena participación. La violencia contra ellas en este ámbito se refleja principalmente en agresiones físicas, amenazas y difamaciones con el propósito de que desistan o para desacreditarlas con la finalidad de que no ocupen el cargo. En el actual proceso electoral han sido asesinadas 17 candidatas.

El Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB) ha registrado 49 casos de violencia política por razones de género. En contraste, en el mismo periodo la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) cuenta con tres carpetas de investigación y ha atendido cuatro casos más.

La violencia política contra las mujeres se refiere a todas aquellas acciones u omisiones que, basadas en el género, impactan de manera diferenciada en ellas o las afectan en forma desproporcionada con la finalidad de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo.

La investigadora Ana Joaquina Ruiz, del ILSB, señaló en entrevista que, de todos los casos que la organización tiene documentados, las principales agresiones que sufren las mujeres son amenazas de muerte y secuestro –tanto a ella como a sus familiares–, así como difamaciones. Las entidades en que han ocurrido más asuntos de este tipo son Puebla, Guerrero y Oaxaca.

Advirtió que muchos de los ataques en el espacio político se consideran normales en las disputas electorales, por lo cual, en cuanto a lo público, sólo se mencionan cuando hay agresiones físicas. Algunas de ellas son restringirles la palabra, chantajearlas, retenerles información, realizar bromas hirientes y calumniarlas.

Si bien en la Ley General en Materia de Delitos Electorales no se ha tipificado como delito la violencia política por razones de género, una jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación establece que cuando se alegue este tipo de agresiones las autoridades electorales deben realizar un análisis de todos los hechos y agravios expuestos con el propósito de hacer efectivo el acceso a la justicia y el debido proceso.

En informes de la Fepade se señala que de 2012 a agosto de 2017 la dependencia registró 187 casos de violencia política contra mujeres. El punto más alto fue en 2015, cuando se contabilizaron 92; en 2016, 62, y en 2017, 29. Expone que la disminución está relacionada con la cantidad de elecciones que se presentaron en cada año.

Entre 2014 y el primer trimestre de 2018 la Fepade dio inicio a 95 averiguaciones previas por violencia política contra las mujeres. Del total de expedientes, los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero sumaron 56.8 por ciento.

Flavia Freidenberg, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó que otros hechos que frenan a las mujeres para lograr una participación plena en la política son el financiamiento público para sus campañas, pues no siempre les llega en igualdad de condiciones y que los medios de comunicación mantienen coberturas sesgadas para ellas.

Además, dijo, a ello se suma el electorado, que sigue cánones de valoración de liderazgos como si tuvieran que ser masculinos y las mujeres debieran estar en el espacio privado.

Zenaida Pérez Gutiérrez, coordinadora del Programa de Mujeres Indígenas del ILSB, aseveró que las mujeres indígenas y afrodescendientes son las más susceptibles a sufrir violencia política.