En todo el proceso han planteado la probable participación de efectivos militares

Familiares de los estudiantes desaparecidos, maestros y alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa han realizado un sinnúmero de manifestaciones para exigir que se aclare el caso.

Con la resolución del tribunal colegiado que ordenó la creación de una comisión de investigación para la verdad y la justicia por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los familiares que la conformen podrán ingresar a las instalaciones del 27 batallón de Infantería, en Iguala.

Entrar a ese cuartel militar ha sido una de las principales líneas de investigación que solicitaron los familiares de los normalistas desaparecidos desde que la PGR atrajo las pesquisas; sin embargo, siempre se les ha negado.

En lunes, el Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer la sentencia del primer tribunal colegiado del décimo noveno circuito, en Tamaulipas, que ordena la creación de una comisión al considerar que la Procuraduría General de la República (PGR) no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial en la investigación; además de que existen suficientes indicios de que algunos de los inculpados fueron torturados para que confesaran.

Los miembros de la comisión de investigación para la verdad y la justicia tendrán libre e inmediato acceso a todo centro de detención y a cada una de sus dependencias, así como a todo lugar que estimen pertinente; en especial, donde haya motivos para creer que están, estuvieron o se puedan encontrar los estudiantes desaparecidos, o vestigios que aporten información sobre su paradero; incluso lugares sujetos a la jurisdicción militar o castrense, indicaron los magistrados.

Esa acción es trascendental para los familiares, quienes han sostenido que podría existir la probable participación en los hechos (por acción u omisión) de militares de ese batallón los días 26 y 27 de septiembre de 2014.

El tribunal colegiado precisó que en la nueva comisión, en la que se incluye a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no podrán participar agentes del Ministerio Público o fiscales que hayan trabajado en la etapa anterior.

Por regla general, habrá de prescindirse de los peritos de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, a menos que los representantes de las víctimas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos consideren pertinente la intervención de un perito de dicha institución, explicaron los magistrados en la sentencia.