Emir Olivares Alonso

Hidelberto Reyes García tenía un sueño: convertirse en maestro para sacar adelante a su familia.El 19 de julio de 2015 su sueño se truncó. Hidelberto, quien tenía entonces 12 años de edad, fue víctima mortal de un operativo en el que participaron fuerzas federales y estatales en la comunidad Santa María Ostula, municipio de Aquila, en Michoacán, que dejó además 10 civiles heridos, entre ellos varios menores.

Pese a su corta edad, el menor se daba cuenta de la precaria situación en que vivían su madre y algunos de sus siete hermanos mayores. Estaba decidido a alcanzar sus metas, graduarse como docente y apoyar a sus parientes. En su afán, se acercaba a los turistas, los paseaba y hacía de guía para obtener unos pesos que entregaba a su madre, Emilia García Cabrera.

En entrevista con este diario, la mujer narra cómo se trastocó su vida y la de su familia a partir del 19 de julio de hace tres años. No he vivido bien desde entonces. Yo era una mujer sana, pero desde ese día la mitad de mi cuerpo está entumida y sufro de presión alta. No puedo estar en mi casa descansando, prefiero levantarme, salir, porque en casa pienso mucho en él.

García Cabrera y otras víctimas del operativo en Santa María Ostula estuvieron ayer en Ciudad de México para exigir verdad y justicia por este caso, que casi tres años después sigue en la impunidad. Lograron reunirse con funcionarios de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceav).

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que acompaña a las víctimas, detalló en una tarjeta informativa que el 19 de julio de 2015 autoridades estatales y federales realizaron un operativo para detener a uno de los líderes de la guardia comunitaria nahua de Santa María Ostula. Participaron tres batallones de infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional, elementos de la Secretaría de Marina y fuerzas de granaderos y antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán.

Por esos hechos, el 22 de diciembre de 2016 la CNDH emitió una recomendación en la cual corroboró el uso excesivo, arbitrario e ilegítimo de la fuerza por militares y agentes estatales, identificó a los soldados que dispararon y planteó la necesidad de investigar la cadena de mando. Acreditó violaciones a los derechos a la legalidad, respecto de una multiplicidad de pobladores; a la integridad personal, en agravio de seis personas, y a la vida, en perjuicio de Hidelberto.

La PGR investiga el caso desde hace varios años, pero no hay avances.

Lo único que queremos es justicia, que nos aclaren por qué agredieron a personas inocentes. ¡Basta de impunidad! Los soldados arruinaron la vida de mi familia, nos arrebataron al menor. A mí me quitaron parte de mi ser. Con él dormía, comía, él iba conmigo a todos lados. Ahora mi niño ya no está y nadie hace nada por nosotros. Confiamos en que pronto los responsables serán castigados.