Alonso Urrutia

En horas hábiles puso a más de 600 servidores públicos a recabar firmas en apoyo de su candidatura

El Instituto Nacional Electoral revisa a fondo el caso de Jaime Rodríguez Calderón. En la imagen, los consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Muryama, así como el secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo.

Entre demandas de que se le retire la candidatura y propuestas de juicio político, el Instituto Nacional Electoral (INE) determinó turnar el expediente sobre el financiamiento irregular de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Electorales –por la vertiente penal–, al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la Unidad Especializada de Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, de la Procuraduría general de la República (PGR), por indicios de lavado de dinero.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, sostuvo que la triangulación de recursos descubierta con este procedimiento oficioso involucra irregularidades fiscales mediante la participación de empresas consideradas como fachada, y ante el ocultamiento del origen del dinero, se presume la realización (de operaciones) con recursos de procedencia ilícita.

Al resolver procedimientos oficiosos respecto del financiamiento recibido durante el periodo de recolección de firmas, el organismo aprobó multas que en conjunto suman 739 mil pesos. En los dictámenes se advierte que el monto se atenúa sustancialmente porque la ley limita las sanciones económicas cuando se trata de personas físicas.

El monto de irregularidades involucradas asciende a 12.8 millones de pesos, por lo que de aplicarse los criterios utilizados cuando involucra a partidos políticos se proyectaría una multa que debería ascender a 25 millones de pesos.

Los partidos cuestionaron el desempeño del candidato, pero Encuentro Social demandó el retiro de la candidatura de inmediato. Por la gravedad de las faltas, el consejero José Roberto Ruiz Saldaña solicitó, infructuosamente, que se pudiera agregar como otro punto de acuerdo una vista a la Cámara de Diputados, por la situación de juicio político.

El consejero Ciro Murayama refirió que 652 servidores públicos adscritos a 29 dependencias públicas en vez de cumplir con su trabajo se dedicaron en días y horas hábiles a la recolección de firmas de apoyo para Rodríguez Calderón. Se distrajeron recursos públicos en una suma de 4 mil pesos por auxiliar, de ahí que el monto de recursos utilizados de manera ilícita sea de 2.6 millones de pesos.

Otra vertiente fueron las aportaciones que reportó por un monto de 17.5 millones de pesos vía la asociación civil Viva la Independencia, pero la Unidad Técnica de Fiscalización detectó tres casos de personas que un día o dos antes de hacer la transferencia bancaria a esa agrupación de El Bronco habían recibido las mismas cantidades por parte de empresas mercantiles.

“El 89 por ciento venía de 82 aportantes con depósitos superiores a 100 mil pesos. Recibimos información sobre 24 personas, a todas se les había ingresado dinero desde empresas por montos equivalentes a los que luego llegaron al aspirante, y de ellas, 23 no tenían ninguna relación laboral, mercantil o comercial con dichas firmas que, sin embargo, les regalaban cientos de miles de pesos, los mismos que uno o dos días después ingresaban a la mencionada asociación civil. Casi la totalidad de esos ciudadanos tiene escasos recursos económicos y, sin embargo, ‘donaban’ cientos de miles de pesos”.

Además, se detectaron recursos provenientes de empresarios, pero que en realidad eran de sus empresas, que tienen prohibido aportar fondos. El propio Rodríguez Calderón hizo una aportación por 140 mil pesos, pero él también recibió días antes recursos de una empresa privada.

La consejera Pamela San Martín destacó que las irregularidades relacionadas con recursos públicos tocan directamente a la responsabilidad de El Bronco, pues hay elementos concatenados que nos permiten advertir que no son hechos irrelevantes el que él tenga la doble calidad de aspirante y gobernador por un periodo de tiempo para recabar apoyo ciudadano y la responsabilidad de poder garantizar que no se diera un uso indebido.

Cordova acotó que más de 25 mil apoyos ciudadanos que involucran un monto de 1.8 millones de pesos fueron aportación de un ente prohibido, es decir, aquel que se desprende del trabajo como funcionarios del Estado y durante el cual en horas hábiles implicaron l