Fernando Camacho Servín

El ente fiscalizador detectó posible daño patrimonial superior a $240 millones

El GACM aclaró el destino de $3.6 millones de un total de $148 millones, dos años después

Se contrató personal sin revisar su perfil e hizo pagos sin verificar la realización de obras

Desde el inicio de su construcción, en 2015, el Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (NAICM) fue objeto de observaciones por diversas anomalías e irregularidades, entre ellas la contratación de personal, sin revisar que cumpliera con el perfil adecuado, y la entrega de pagos, sin verificar la realización de las obras, de acuerdo con análisis de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En una auditoría de la Cuenta Pública 2015, identificada con la clave 407-DE, la entidad revisora del gasto público detectó un posible daño patrimonial superior a 240 millones de pesos en la obra administrada por el Grupo Aeroportuario de Ciudad de México (GACM).

En el reporte actualizado de la ASF se registra un total de 148.8 millones de pesos que el GACM debía aclarar en el ejercicio de la Cuenta Pública 2015, pero más de dos años después sólo había logrado hacerlo con 3.6 millones, por lo que todavía hay 145.2 millones de pesos cuyo destino no se ha esclarecido.

Dicha cifra se suma a los 415.2 millones de pesos que el GACM no ha logrado aclarar correspondientes a la Cuenta Pública 2016. Ambas cifras suman un total de 560.4 millones de pesos que, de acuerdo con la página web de la ASF –revisada el 18 de abril de este año–, aún no han sido recuperados.

Después de revisar 10 contratos de obras públicas, ocho de servicios relacionados con aquellas y un convenio firmado entre el GACM y la Secretaría de la Defensa Nacional, la Auditoría Superior de la Federación logró documentar en 2015 una serie de manejos poco claros de los recursos destinados a la construcción la nueva terminal aérea, considerado el proyecto de infraestructura más importante anunciado por el actual gobierno federal.

Entre las anomalías que podrían configurar un probable daño a la hacienda pública federal ese año se encuentra la autorización de pagos de ajuste de costos por 41 millones 731 mil pesos, relacionados con los salarios de los especialistas participantes en diversas obras, los cuales fueron propuestos directamente por la contratista.

Sin embargo, al no encontrarse dentro de ningún tabulador o estudio de mercado, explicó el ente fiscalizador, no se puede calcular el incremento o decremento a los que estarían sujetos dichos salarios.

Otro ejemplo se refiere a la autorización de pagos por un total de 45 millones 693 mil pesos, sin verificar antes que en la integración de los precios unitarios se duplicó la aplicación de los porcentajes de mano de obra destinados a gastos de 2 por ciento de materiales y 5 por ciento de equipo, ya que éstos habían sido incluidos en cada uno de los básicos de mano de obra.

Un caso más tiene que ver con el pago de 39 millones 26 mil pesos por trabajos que no se realizaron, los cuales tenían que ver con el diseño esquemático del Centro de Operaciones y una serie de estudios de geotecnia y medioambientales.

Asimismo, se documentó que el Grupo Aeroportuario autorizó un pago de 8 millones 896 mil pesos sin antes verificar que una serie de estudios e investigaciones ya estaba incluida en los servicios que se comprometía a otorgar un licitante.

Otras actividades que sólo ameritaron una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria se refieren a la autorización de pagos por mil 189 millones de pesos 333 mil pesos por una serie de obras, sin haber acreditado que se controló la participación, cantidad, tiempo y perfil del personal propuesto para esa tarea.

En otros casos similares, se aprobaron pagos por 693 millones 955 mil pesos y 635 millones 384 mil pesos, con las mismas fallas de control.