El candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, cubrió los impuestos generados por la venta de una nave industrial en Querétaro –parte de una operación por la que es investigado por presunto lavado de dinero– poco antes de que la transacción fuera hecha pública, justo cuando buscaba convertirse en contendiente para la elección del primero de julio, de acuerdo con documentos cotejados.

La semana pasada, Anaya publicó en su página de Internet una carta dirigida a la opinión pública (https://bit.ly/2GHbliw), en la cual argumenta acerca de lo que a su juicio fue una operación legal, que involucró la compra de un terreno y la posterior construcción y venta de una nave industrial.

En esa carta, señala que el costo total del terreno y la construcción de la nave industrial sumó 33 millones 598 mil 630.10 pesos.

La nave industrial, menciona, fue vendida en 53 millones 786 mil 131.52 pesos.

Acerca de la diferencia entre una cantidad y otra (20 millones 187 mil 501.50 pesos), se pagó un impuesto sobre la renta (ISR) de 5 millones 824 mil 183 pesos.

El pago del ISR es uno de los argumentos empleados por Anaya para abonar en su argumentación de que la operación fue legal y no involucró el uso de recursos de procedencia desconocida.

De acuerdo con información de la misma página electrónica del candidato presidencial, el pago del impuesto sobre la venta no fue cubierto sino hasta poco antes de que el caso cobrara notoriedad pública, al tiempo que Anaya buscaba la candidatura presidencial.

En una declaración fiscal complementaria, fechada el 31 de agosto de 2017, Juni Serra, la empresa que vendió la nave industrial del candidato presidencial –construida también con aportaciones de otros miembros de su familia y préstamos–, declaró una utilidad fiscal de 19 millones 413 mil 954 pesos. Por esa suma pagó un impuesto de 5 millones 824 mil 186 pesos.

La nave industrial, de acuerdo con documentos publicados en la página electrónica del candidato Anaya, fue vendida el 25 de agosto de 2016.

Sin embargo, el pago de los impuestos correspondientes no fue hecho antes de marzo de 2017, como ordena la ley para las personas morales, sino por medio de una declaración complementaria –prevista también en las disposiciones fiscales– fechada el 31 de agosto de 2017, según los documentos publicados por Anaya.

En la carta publicada la semana pasada, el candidato panista afirmó que las operaciones comerciales realizadas con el predio y la nave industrial que lo involucran, así como a miembros de su familia, fueron hechas por personas y empresas, con dinero de particulares; sin que intervinieran en ellas autoridades de ningún nivel de gobierno ni se utilizaran recursos públicos.

Tal postura, de acuerdo con personas que dan seguimiento a la investigación oficial, carece de relevancia, dado que el señalamiento contra Anaya no es por enriquecimiento ilícito, sino por lavado de dinero, dos conductas delictivas diferentes.